SAN JOSÉ.— El gobierno de México aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene competencia para juzgar la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la denominada guerra sucia.

Una audiencia ayer en la CIDH sobre la desaparición forzada de un campesino mexicano en 1974 en Guerrero se convirtió en un debate para acusar al aparato político y militar de México de delitos de lesa humanidad en la guerra sucia contra movimientos guerrilleros izquierdistas en la década de 1970, con impunidad y un “patrón sistemático” de violaciones a los derechos humanos.

Al fijar la posición de México, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, desconoció la competencia de la CIDH para enjuiciar a su país por hechos que ocurrieron antes de que la Corte empezara a funcionar, en 1979, y de que México ratificara la Convención Americana de Derechos Humanos e ingresara en 1998 a ese tribunal, instancia judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la sede de la Corte, Gómez Mont defendió al Ejército de México y admitió la desaparición y presuntamente muerte de Radilla Pacheco. Insistió que la CIDH es incompetente en el caso.

Radilla desapareció el 25 de agosto de 1974 en un retén militar del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y su caso llegó a la Corte por presión de los familiares de la víctima. El general de división Mario Quirós Hermosillo, quien era uno de los jefes militares de Guerrero, enfrentó una acusación por la desaparición de Radilla, pero murió.

El secretario adujo que la guerra sucia ocurrió porque “la conflictividad política” del país “era una realidad” de un sistema “hegemónico” que fue impuesto por el PRI y “centralizado en la figura presidencial, en donde no existía contrapeso”.

De la respuesta militar a los conflictos en la guerra sucia, alegó que el sistema del PRI dificultaba la alternancia del poder y otros grupos que eligieron “estrategias violentas provocaron el resguardo cada vez más celoso de dicho sistema para contenerlos”.

Al argumento del secretario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Washington, y los representantes legales de la familia de Radilla Pacheco recalcaron en que el Estado mexicano es culpable del delito de lesa humanidad.

La desaparición forzada es un “crimen” que es un delito “de lesa humanidad de carácter permanente, continuo y pluriofensivo”, afirmó ante los seis jueces de la CIDH, en la exposición de cierre, el mexicano Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y representante de la familia Radilla.

Las partes deberán presentar sus argumentos por escrito a más tardar el próximo 14 de agosto. La CIDH emitiría sentencia en el segundo semestre de 2009, según datos oficiales.

En entrevista telefónica, Gutiérrez lamentó que Gómez Mont defendió la aplicación del fuero y del código de justicia miliar como elementos para mantener la disciplina, pero no abrió la posibilidad de llevar a cabo reformas legales a fin de que los casos en que estén implicados civiles sean juzgados por tribunales civiles.

Manifestó que en la reparación del daño se proponen cambios legislativos como reformas al fuero y al código de justicia militar; la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos y obras públicas para el pueblo de Atoyac.

De acuerdo con Gutiérrez, los jueces de la Corte se interesaron en cómo funciona en México la justicia militar.

En calidad de testigos Tita y Rosendo Radilla Martínez, hijos de Rosendo Radilla Pacheco, explicaron ante la Corte cómo se llevó a cabo la detención y qué significó para la familia.

Rosendo hijo, quien presenció la detención de su progenitor, recordó que incluso dejo de estudiar para apoyar a su madre con la manutención de sus 11 hermanas.

El abogado Miguel Sarré, en calidad de perito especializado, detalló cómo funciona en el Estado méxicano la justicia militar y que no era el espacio adecuado para tratar violaciones a los derechos humanos.