La Procuraduría informó que se asegurarán las cuentas bancarias del renunciante delegado del INM, Hernán Vega Burgos, y de todos los funcionarios involucrados debido a que se presume enriquecimiento ilícito por su participación en la mafia relacionada con el tráfico de personas y la prostitución.

El martes pasado dos jóvenes costarricenses fueron rescatadas de una casa de la colonia México Oriente de la ciudad de Mérida, en donde aseguraron estaban secuestradas y eran obligadas a prostituirse, luego de haber sido trasladadas al país con engaños.

Las dos mujeres fueron llevadas a la ciudad de México y tras presentar su declaración ante la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), fueron enviadas a su país. Las jóvenes involucraron en la operación de ese prostíbulo, que utilizaba el internet para ofrecer sus servicios y reclutar mujeres, al delegado Hernán Vega Burgos.

Según los primeros informes, la red de prostitución estaría dirigida desde Yucatán por Keysi González Corrales, La Madame, una costarricense radicada en Mérida y contra quien se ha emitido una orden de aprehensión. Vega Burgos obtuvo un amparo luego de rechazar los cargos y presentó su renuncia tras haber sido llamado a declarar el miércoles pasado. Desde entonces se desconoce dónde se encuentra.

Colaboradores citados

Entre los funcionarios citados a declarar en calidad de testigos están María de los Ángeles García Ortiz, asistente de Vega Burgos; Martha Cruz Guzmán, directora del Jurídico; Juan Vicente Huaracha Carrillo, agente y chofer del delegado renunciante, y Alejandro Barrera Perera, subdelegado del INM en el aeropuerto de Mérida.

También fue llamado a declarar Iván Enrique Zavala Toraño, responsable del área de Estadística del INM y a cuyo nombre está registrada la casa de donde fueron rescatadas las costarricenses.

El procurador José Alonso Guzmán Pacheco indicó que también se giraron citatorios a Fabiola Tenorio Villanueva y Manuel Alejandro Álvarez Mendoza, integrantes de un despacho externo que encabezaba Vega Burgos, de quien se ignora su paradero.

La Procuraduría estatal también informó que mediante la congelación de cuentas bancarias de los funcionarios involucrados en el caso, los datos que reúna la autoridad del fuero común serán entregados a la Procuraduría General de la República (PGR), para que esa dependencia siga el caso.

Guzmán Pacheco aclaró que la Procuraduría de Justicia del estado sólo actúa como coadyuvante. También se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información para el congelamiento de las cuentas de los involucrados.

Asimismo, la Procuraduría pidió informes al Registro Público de la Propiedad para el aseguramiento de bienes.

Hasta ahora, las autoridades tienen resguardada la casa de la colonia México Oriente, de donde fueron rescatadas las jóvenes y que está a nombre de Iván Enrique Zavala, funcionario del INM de quien se presume su complicidad en la red de prostitución.