A casi 12 años de distancia de aquel 22 de diciembre de 1997 cuando se registró la matanza de 45 personas, incluyendo niños, en la comunidad de Acteal, Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza —en medio de un escenario dividido— la posibilidad de amparar a 57 indígenas que fueron sentenciados por los hechos.

Esto por considerar que en sus juicios no se les respetaron garantías y porque se les declaró culpables con base en una serie de pruebas irregulares y testigos a modo que presentó la PGR.

Muy pocas veces la Suprema Corte se manifiesta sobre la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio. Sólo lo hace en juicios únicos y excepcionales. Y el caso Acteal es uno de ellos.

El máximo tribunal del país atrajo este caso en julio del año pasado y pretendía resolverlo en esta semana, pero de última hora el ministro Sergio Valls le pidió a sus compañeros más tiempo para revisar a detalle los expedientes del caso que tiene a su cargo, que es el más numeroso porque agrupa a 31 de los acusados.

Por este motivo la decisión en torno a este juicio se aplazó de manera indefinida.

Los ministros decidieron no ponerle fecha a este asunto, pero estiman que se verá hasta el segundo periodo de sesiones que inicia en agosto próximo.

La Primera Sala de la Corte atrajo los cinco juicios de amparo que promovieron 57 indígenas que fueron sentenciados de 25 a 40 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, no sólo por la relevancia particular de lo que pasó en Acteal, sino también porque estos casos le permitirán emitir una serie de lineamientos que deberán respetarse en todos los juicios.

Dichos lineamientos se prevé que estén encaminados a combatir las irregularidades que se cometen en la integración de las averiguaciones previas, en la valoración de las pruebas y las violaciones a las garantías procesales, al derecho a una adecuada defensa y a una justicia pronta y expedital.

Después de atraer los juicios, por un acuerdo interno, los ministros de la Primera Sala comenzaron a revisar el caso, desde mayo, en sesiones privadas.

En dichas sesiones, de acuerdo con fuentes del alto tribunal, tres de los cinco ministros de la Primera Sala se inclinaron por amparar a los indígenas presos, pero por distintos motivos.

Sus opiniones se dividieron entre quienes consideran que es necesario concederles el amparo para que se decrete su libertad inmediata —en especial porque llevan casi 12 años presos sin ser culpables—, y quienes estiman que los amparos sólo deben otorgarse para el efecto de que se reabran sus juicios a fin de que se corrijan las irregularidades detectadas y se emita una nueva sentencia para ellos.

En dichas sesiones otro ministro de la Suprema Corte se manifestó por amparar a los sentenciados y uno más no dejó ver, todavía, cuál es su postura en torno a este tema.

De tal suerte que previo al aplazamiento del llamado caso Acteal, el escenario de la votación se encontraba dividido.

En este contexto, ante la posibilidad de que el caso se resolviera en esta semana, ayer un grupo de indígenas integrantes de la asociación civil conocida como Las Abejas y de sobrevivientes de la matanza, acudió a manifestarse ante las puertas de la Corte para pedir que no sean amparados 12 de los presos a quienes calificaron como paramilitares.

La protesta estuvo encabezada por el obispo emérito Samuel Ruiz y por integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.