Las muertes generadas durante este sexenio por la guerra entre grupos de narcotraficantes o por la lucha del Estado contra los cárteles ya no son investigadas, según una amplia revisión realizada por EL UNIVERSAL.

No importa si son parte de las fuerzas del orden, sicarios o civiles; la mayoría de las víctimas fatales incrementa la lista de muertos, sin que los gobiernos locales y federales tengan capacidad, operativa u organizativa, para resolver cada crimen. Sus casos quedan en un limbo entre las autoridades.

Según el último recuento, en 2008 fueron 5 mil 630 las personas que perdieron la vida en incidentes relacionados con el narco, y justo en los primeros 51 días de 2009 sobrepasaron la barrera de los mil.

“Las instituciones responsables de la procuración y la administración de justicia encuentran un ‘nicho de oportunidad’ para librarse de su obligación constitucional de perseguir y castigar el delito, y proveer justicia a todos”, explica el periodista e investigador Marco Lara.

En las plazas de mayor conflicto, reportan los corresponsales de EL UNIVERSAL, los cuerpos se acumulan en escuelas de medicina y anfiteatros, y de allí, a las fosas comunes.

“La oleada de violencia ha empezado a provocar que el incumplimiento de la ley comience a verse como algo normal, como algo que bien puede sobrellevarse en el contexto de emergencia que estamos atravesando”, explica Lorenzo Córdova Vianello, investigador de la UNAM. Otros especialistas coinciden con él.

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