A dos años de su creación, ProÁrbol, “el principal programa de apoyo al sector forestal” impulsado por el presidente Felipe Calderón, no ha rendido frutos: más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino cactáceas, y 90% de lo sembrado en 2007 ha muerto, según cálculos oficiales.

Organizaciones ambientalistas ponen en tela de duda el manejo de los 2 mil 700 millones de pesos que el gobierno invirtió para esa causa, mientras que asociaciones de silvicultores ya han denunciado ante la Cámara de Diputados favoritismo e irregularidades.

Comunidades de Jalisco, Chihuahua, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos y Nuevo León fueron parte de un muestreo realizado por Greenpeace para evaluar el programa en 2007 y detectó que 74% de lo sembrado había muerto a pocos meses de ser plantado y que sólo 8% estaba en condiciones de sobrevivir hacia 2009.

“La política está basada en una estrategia errónea, no se trata de sembrar árboles a lo loco”, dijo Héctor Magallón Larson, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Al respecto, pobladores de El Cedral, un predio comunitario de Chiapas, refieren que esa área se destinaría al rescate ecológico, pero no se plantó un solo árbol; “la planta no llegó a tiempo”.

Relatan que el técnico que asesoró al ejido para la obtención de los fondos federales les pidió plantar los árboles, aunque ya no tuviera sentido: “Él decía ‘yo saqué el proyecto, el proyecto salió... hay que pegarlo aunque no pegue la planta’”, recuerdan ejidatarios.

No obstante, Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explica que ProÁrbol ha beneficiado a más de 4 millones de personas, a través de un millón de hectáreas conservadas, y que de ninguna de las 100 auditorías que ha ordenado resultaron indicios de corrupción.