La SSP solicitó a la Secretaría de Hacienda 49 millones de pesos para pagar el blindaje de 37 camionetas. En su petición la dependencia argumenta que este gasto es necesario para que los funcionarios federales encargados de la lucha contra el crimen organizado puedan contar con vehículos equipados “con blindajes resistentes al tipo de armamento utilizado por la delincuencia organizada”.

En su petición reconoce que el crimen organizado posee armamento más poderoso que el que usa la Policía Federal Preventiva.

Se asegura que dado que “la delincuencia organizada cuenta con alto poder económico y, por ende, con equipo y armamento más sofisticado que el de la institución “la seguridad de los servidores públicos que dirigen y tiene participación activa en acciones de inteligencia o combate a la delincuencia y prevención de los delitos es plenamente vulnerable”.

Entre los destinatarios de los vehículos de la Policía Federal Preventiva figuran el propio secretario de Seguridad Pública, el jefe del Estado Mayor, los coordinadores de las diversas áreas estratégicas, tácticas y de operación, así como los responsables de los principales operativos antidelincuencia en el país.

Documentos en poder de EL UNIVERSAL señalan que el gobierno federal está dispuesto a gastar 49 millones de pesos para adquirir 14 camionetas blindadas modelo 2009 y en el equipamiento de blindajes para 23 vehículos utilizados en el área de Apoyo Operativo (propiedad de la Policía Federal Preventiva).

El blindaje de estas últimas unidades, marca Chevrolet Suburban Suv 2008, tiene un costo unitario en el mercado de un millón 95 mil pesos.

En tanto que las 14 unidades tipo 4x4 modelo 2009 —de las que no se precisa la marca— que serán adquiridas, están valuadas cada una de ellas en un millón 700 mil pesos, según el grado más alto de protección.

Estas 14 camionetas modelo 2009 serían destinadas a los altos mandos.

El objetivo es incrementar las capacidades de seguridad y salvaguardar la integridad física de los altos mandos implicados directa o indirectamente en el combate a la delincuencia y en situaciones que implican violencia o riesgo inminente, como es el caso de los operativos que se llevan a cabo actualmente en los diversos estados de la República Mexicana.

Hasta ahora, según el documento, la problemática que enfrentan los servidores públicos que utilizan vehículos sin blindaje es “poner al descubierto a aquellos funcionarios que dirigen y tienen participación importante y activa en acciones de inteligencia o de combate directo a la delincuencia”.

“Por lo que deriva de la forma de operación de las organizaciones criminales, se hace necesario —añade el texto— que la transportación del titular de la institución, así como de los servidores públicos con alto grado de responsabilidad tales como el jefe del Estado Mayor, coordinadores de las diversas áreas estratégicas tácticas y de operación, así como los responsables de la ejecución de operativos y programas, se efectúe en condiciones que garanticen su seguridad, como es a través de vehículos equipados con blindaje apropiado”, detalla la SSP federal.

“Para procurar la seguridad e integridad de los servidores públicos citados, se hace necesario contar con vehículos equipados con blindajes resistentes al tipo de armamento utilizado por la delincuencia organizada, tales como rifles militares, 7.62 x 51 mm (M60), Cal. 30 US MI, 5.56 x 45 mm (SS 109), 5.56 x 45 mm (M193), AK47/;43, 44 Magnum, entre otras; por lo que se requiere un blindaje adecuado, capaz de derrotar los proyectiles de este armamento”, añade.

La dependencia señala que estas unidades podrán financiarse con cargo a los recursos de los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales, como el Fideicomiso para la Plataforma de Infrestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves (Fipimespa), que fue creado el 11 de septiembre de 2007.