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Por no haber logrado fincar responsabilidades contra los dos únicos sospechosos de la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el Ejecutivo pidió la renuncia a Noé Ramírez Mandujano como subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Fuentes del gobierno afirmaron que la falla fue considerada de “alto costo político” porque debilita la postura oficial frente al Ejército Popular Revolucionario y abre la posibilidad de que el grupo retome su política de agresión.