WASHINGTON.— La Iniciativa Mérida sólo espera ya la promulgación del presidente George W. Bush.

El Senado de Estados Unidos aprobó ayer por abrumadora mayoría la iniciativa, que tiene por objetivo brindar asistencia a México en la lucha contra el narcotráfico, con una asignación de 400 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2008.

La iniciativa es un símil de la aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que supedita al marco legal de México la estricta observancia a los derechos humanos y la rendición de cuentas.

Con una mayoría de 92 votos a favor y 6 en contra la Iniciativa Mérida ha superado los candados que esta misma cámara había impuesto el pasado 22 de mayo, para condicionar la asignación presupuestaria a una serie de cambios judiciales.

La versión aprobada por el Senado ha eliminado los capítulos más “intrusivos”, que condicionaban los fondos a la realización de cambios judiciales para que las unidades policiales y militares sean justiciables y ajenas a casos de corrupción y violación de derechos humanos.

Sin embargo, la nueva versión condiciona 15% del presupuesto asignado a la obligatoriedad del gobierno de México de informar al Departamento de Estado sobre las actuaciones de sus fuerzas de seguridad que, a su vez, tendrá que rendir un informe ante los comités de apropiaciones de ambas cámaras.

Tras su aprobación, como parte del presupuesto de gastos suplementarios para Irak y Afganistán, la Iniciativa Mérida será remitida a la Casa Blanca que podría vetarla o promulgarla.

La versión del Senado de la Iniciativa Mérida prevéla creación de un mecanismo de consulta entre el gobierno de México, organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones civiles para garantizar la implementación de la iniciativa y sus fondos “de acuerdo con las leyes internacionales”.

Además, establece la obligación de las autoridades judiciales actuarán, “de acuerdo al marco legal de México y de las leyes internacionales”, para investigar y en su caso procesar a aquellos miembros de los cuerpos policiales y militares que hayan incurrido en violación de los derechos humanos.