Los ministros Sergio Aguirre y Sergio Valls elaboraron un proyecto en el que se plantea limitar a la Suprema Corte en los casos Atenco, Oaxaca y Lydia Cacho para que no recomiende ningún tipo de castigo a los responsables de violaciones a derechos humanos.La propuesta busca que el máximo tribunal emita un informe en el que únicamente registre si existieron o no violaciones graves a las garantías individuales.
El pleno acordó cancelar la sesión pública de mañana jueves para discutir en privado el planteamiento.
De aprobarse la medida, el primer beneficiado sería el gobernador de Puebla, Mario Marín.
En junio el ministro Juan Silva presentó un informe que recomienda al Congreso de la Unión y a otras autoridades fincar responsabilidades en contra del mandatario y funcionarios estatales que, según sus investigaciones, incurrieron en violaciones en el caso de la periodista Lydia Cacho.
El artículo segundo transitorio del documento propone que las investigaciones del caso Puebla se turnen a otro ministro para que éste revise todo lo que hizo la comisión encabezada por Silva Meza, a fin de que corrija y deseche los elementos de la indagatoria que no se apeguen al nuevo reglamento.
Desde junio, la Corte aplazó el análisis del informe hasta que se elaborara un proyecto con reglas para las comisiones que realicen las investigaciones de hechos en los que se presume la existencia de violaciones graves de derechos fundamentales.
En el caso de Oaxaca se plantea que una vez que se aprueben las nuevas reglas se deberá nombrar a la comisión que investigue la situación violenta registrada en 2006.
El proyecto busca regular las investigaciones citadas y las futuras.
