El crimen organizado no ha sido vulnerado en su potencial de fuego, pues de las 90 mil 829 armas aseguradas por el gobierno federal a lo largo de 11 años, sólo 22.7% han estado relacionadas con las actividades del narcotráfico, revela un informe del área de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre 1995 y 2006 se decomisaron en México en promedio 22 armas al día, pero de esas, sólo cinco fueron utilizadas por los narcotraficantes y el resto perteneció a la delincuencia común, señala el documento El Tráfico de Armas y Municiones en México elaborado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
Los resultados no son distintos en cuanto al aseguramiento de municiones, ya que de las mil 764 que en promedio diario se incautaron en este mismo periodo, sólo 165 eran empleadas por el crimen organizado.
Como ha quedado demostrado tanto en los decomisos como en los enfrentamientos que la dependencia y las fuerzas armadas han tenido con integrantes del crimen organizado, los cárteles de la droga cuentan con armamento antiaéreo, metralletas que penetran blindaje (tipo Barret), lanzagranadas y los "convencionales" rifles de asalto AR-15 y AK-47.
Además, poseen armas para el uso de municiones calibre 5.7 x 28, conocidas como matapolicías por su capacidad para perforr chalecos antibalas, así como proyectiles con tiro nocturno y expansivos.
La dependencia indica que el principal problema en el país es la introducción clandestina de armas y municiones, situación que "tiende a magnificarse" por "su utilización en la incidencia delictiva del fuero común y el narcotráfico".
El diagnóstico del Cenapi identifica a la falta de control en la venta de armas en Estados Unidos, como origen del tráfico de armamento y municiones a México, pues hay una gran cantidad de establecimientos permitidos para su venta y fácilmente un residente legal puede adquirir un arma y después entregarla a los traficantes.
El Cenapi precisa que 78% de los decomisos se concentra en el DF, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Puebla, Durango, Guerrero, Querétaro y Baja California. En este mismo lapso, algunas de estas entidades se han convertido en centros de operación o de disputa del narcotráfico, como Michoacán y Guerrero.
