Según información proporcionada por los partidos, los servicios parlamentarios de ambas Cámaras y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), en la Cámara de Diputados 124 legisladores no reportan haber obtenido un título universitario, y en el Senado 18 son los que no tienen este documento.

Los senadores tienen formación académica a partir del bachillerato incompleto, en el caso de los diputados, 13 se quedaron en primaria o secundaria, de los cuales seis pertenecen al grupo parlamentario del PRD, cinco al PRI y dos son del PAN.

Para el constitucionalista Jaime Cárdenas esta situación es un espejo de la realidad social. "Es consecuencia de lo que somos como país, al no ser un país desarrollado tenemos ese tipo de legisladores, y desde luego que sí afecta. Sería mejor tener, en términos ideales, un Congreso con legisladores de formación académica sólida, conocedores de nuestra cultura y con sensibilidad social, porque así se tendría un tremendo impacto en el tipo de debate, de deliberación. También en el nivel de propuesta legislativa y de trabajo en las comisiones y en el pleno".

Recientemente, la UNAM firmó un convenio con la Cámara de Diputados para buscar que los legisladores concluyan sus estudios de bachillerato y educación superior.

El caso del Poder Judicial es contrario a lo que sucede en el Poder Legislativo, ya que para ser ministro de la SCJN o magistrado del TEPJF es requisito -por ley- contar con título profesional de licenciatura en Derecho (a los magistrados se les pide preferentemente contar con conocimientos en materia electoral).

Sin embargo, Cárdenas, doctor en Derecho, señala que no sería positivo que hubiera un requisito constitucional para exigir un cierto nivel académico a los legisladores, ya que atentaría contra la pluralidad del Congreso. "Establecer como requisito de elegibilidad el título de licenciatura o cualquier otro título académico, podría excluir a mexicanos y mexicanas que provienen de sectores sociales sin mucha formación, y que es importante que tengan algún tipo de representación en las Cámaras, sectores, por ejemplo, como el indígena, que ya está de por sí excluido, no tendría la menor oportunidad".

Y observa que hay remedio sin ir al requisito constitucional. "Dos cosas: por un lado sería importante, en cada proceso electoral y en cada proceso interno de los partidos, que fuese una obligación por parte de los candidatos hacer pública una serie de datos, como su declaración patrimonial, de intereses y también su formación académica y labor profesional previa, para así normar el juicio del elector, no solamente el programa o la plataforma del partido, que sería lo ideal y que tampoco ocurre.

"Desde luego, la otra medida es la que es común en el derecho parlamentario, que consiste en fortalecer el nivel del equipo técnico, el equipo de asesores -lo que se llama letrados. En México esto se ha ido mejorando, aunque hay un incipiente servicio civil de carrera que necesita ser optimizado".

Para el maestro en Derecho Óscar Gutiérrez Parada, especialista en diseños normativos, parte del problema de la labor legislativa no sólo radica en la preparación de los diputados y los senadores, sino en los productos que generan. "No sólo expiden leyes vistas en términos muy amplios, sino que modifican, reforman, adicionan y derogan las actualmente vigentes, además de suprimir la vigencia de las leyes completas".

El coordinador de Asesoría de Diseños Normativos, SC, coincide con Cárdenas en el fortalecimiento de los cuerpos técnicos y de asesoramiento, al observar que el problema también está detrás de los legisladores.

"Decía Maquiavelo que el mejor príncipe, entre otros aspectos, era el que tenía a su cargo a los mejores asesores. Pues este consejo habría que hacerlo extensivo a los legisladores: para tomar la mejor decisión política, como la de expedir leyes que no solamente se queden en su impacto jurídico, se requieren expertos tanto en técnica legislativa como en procedimientos parlamentarios".

Gutiérrez Parada, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, apunta que una mejor calidad legislativa va de la mano con la reelección en las Cámaras, aunque puntualiza: "De nada servirá la ampliación del periodo por efecto de la reelección, así como la rendición de cuentas políticas a sus electores y al partido que los propuso como candidatos, si sus productos continúan siendo defectuosos.

"Sobre la experiencia en los servicios profesionales de carrera parlamentaria, la Cámara de Diputados ha dejado mucho que desear, a pesar de que inició dicho servicio en 1999. El hecho de que no haya servicio de carrera parlamentaria genera cada tres años que los diputados no respeten a los secretarios técnicos que durante meses se capacitaron, pues imponen a nuevos secretarios técnicos. Ni qué decir de los asesores, cada tres años vemos caras nuevas. Y cada tres años, otra vez, a capacitar. En la Cámara de Senadores, desde hace dos años se echó a andar el servicio de carrera parlamentaria y para el cambio de la legislatura pasada, es decir, el año pasado, en agosto, se logró que los senadores respetaran como secretarios técnicos a 20 profesionales de un total de 21. Al parecer está funcionando dicho servicio".

Además de lo anterior, Gutiérrez Parada continúa su reflexión sobre la capacitación de los cuerpos técnicos: "La capacitación se ha orientado más al estudio del derecho parlamentario y, por ende, al conocimiento estructural del órgano y sus procedimientos. Poco se ha atendido a las denominadas técnicas legislativas. En otros países de aceptable y alto grado de desarrollo parlamentario como Estados Unidos, Inglaterra, España (.) se observan sólidos cuerpos técnicos y de asesoramiento, por lo que la labor del legislador gira fundamentalmente sobre la toma de decisiones políticas y, por tanto, a la conducción sociopolítica del país".

Jaime Cárdenas Gracia añade: "Debería haber un cambio en el servicio civil de carrera, realizar concursos abiertos para los cargos. Que se convierta en una prioridad de los legisladores para que el Congreso del futuro sea mejor que el que tenemos hoy".

Por su parte, el maestro Érick Gómez Tagle, consultor en materia legislativa, finaliza: "Es de fundamental importancia profesionalizar a los servidores públicos, particularmente a quienes tienen la alta encomienda de regular la vida de todos los ciudadanos, anteponiendo el bien común por encima de intereses particulares, partidistas, ideológicos o económicos. Situación que difícilmente se logra con gente carente de formación profesional".