Para ello determinó crear una comisión que presidirán los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé. Entrará en funciones una vez que los ministros aprueben el texto en el que plasmarán los alcances de su resolución.

Con base en las investigaciones, la Corte decidirá si se violaron o no las garantías de los habitantes, y de resultar afirmativo emitirá una recomendación -que puede ser o no atendida- a las autoridades para que se sancione a los responsables.

Antes de dar a conocer la resolución, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, hizo "un reproche enérgico a quienes ostentándose como integrantes del pueblo de San Salvador Atenco" amenazaron a uno de los ministros "conminándolo para que cambie el sentido de su voto".

Sin mencionar el nombre del ministro afectado, Ortiz calificó de inadmisible que mediante manifestaciones se les pidiera un fallo. "Sólo obedecemos al mandato de la Constitución y de la ley...", dijo.