Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que al menos 20 integrantes más del crimen organizado son candidatos a ser extraditados a Estados Unidos, entre ellos los líderes del narcotráfico Luis y Jesús Amezcua Contreras, Armando Valencia Cornelio y el ex gobernador Mario Villanueva Madrid.También se encuentran Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa (actualmente prófugo); Víctor Vázquez Mireles, El Memeloco, operador del cártel del Golfo; Jesús El Chuy Labra Avilés, operador financiero del cártel de Tijuana, y Miguel Caro Quintero.
Aparecen nombres como los de Óscar Malherbe de León, ex jefe del cártel del Golfo detenido en 1997; Juan José Quintero Payán, uno de los principales operadores del cártel de Juárez, y Jesús Levario Sánchez, sicario de esa misma organización.
Autoridades de la Procuraduría consultadas indicaron que en los casos de los hermanos Amezcua y de Valencia Cornelio se está en espera de que concluyan los juicios de amparo que han promovido sus abogados.
El procurador general de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, calificó la entrega de 15 integrantes del crimen organizado, realizada el pasado viernes, como una cooperación bilateral "sin precedente".
"Nunca antes Estados Unidos había recibido de México un número tan grande de importantes presuntos narcotraficantes y otros criminales para ser encausados", señaló.
El vocero del PRI, Carlos Flores Rico, advirtió que más allá de "acciones espectaculares con capos de cuarta", es necesario insistir en reformas contra delitos federales.
Por lo pronto, la PGR envió a prisión a Pedro Díaz Parada, líder de uno de los siete cárteles que actúan en México y principal introductor de drogas en el sureste del país, con operaciones en siete entidades.
Diputados federales de PRI y PRD cuestionaron la base legal de las 15 extradiciones de miembros del crimen organizado hechas por México hacia Estados Unidos.
Los senadores Leonel Godoy (PRD) y Alejandro Moreno (PRI), secretarios de la Comisión de Justicia, coincidieron en que Estados Unidos debe responder con acciones más enérgicas contra el consumo de droga.