En la ciudad de México el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, consideró "urgente" una salida política a la situación y planteó un diálogo "sin prerrequisitos o posiciones limitantes" .

Llamó a la sección 22 del sindicato magisterial y a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) para que a la brevedad se sienten a negociar con el gobierno del estado y con los sectores involucrados.

El obispo emérito Samuel Ruiz, quien asumió la semana pasada funciones de mediador, invitó, a través de su representante Miguel Álvarez, a la dirigencia de la APPO a un encuentro con el encargado de la política interna del país.

Flavio Sosa Villavicencio, dirigente provisional de la APPO, informó que ayer por la tarde adoptarían una decisión al respecto y el resolutivo se emitiría hoy.

La tensión en la capital oaxaqueña se reavivó en los primeros minutos de ayer martes cuando un comando de presuntos policías atacó con armas de fuego a miembros de la APPO que mantienen en su poder una estación de radio en la calle Nezahualcóyotl.

De acuerdo con versiones de los manifestantes, presuntos policías municipales y estatales, vestidos de civil, llegaron en al menos una treintena de vehículos y dispararon contra los activistas. En el ataque perdió la vida Lorenzo Sanpablo Cervantes, un arquitecto que laboraba para la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del estado.

Dirigentes de la Asamblea consideraron las acciones como parte de una guerra sucia de las autoridades del estado.

Para el gobernador Ulises Ruiz -cuya salida demandan los manifestantes- la capital estatal es presa de una "guerrilla urbana y subversiva" .

En el mismo sentido, la procuradora Lizbeth Caña dijo que la APPO actúa como guerrilla, al tomar radiodifusoras, bloquear carreteras, divulgar rumores y generar una situación de miedo y terror en la ciudadanía, además de crear la percepción de que "el gobierno es responsable de todos y cada uno de los actos negativos".

Aseguró que ante la situación que se presenta en el estado, la población vive en "una situación de riesgo" .

Las instituciones de procuración de justicia y el gobierno local, continuó, "han actuado con prudencia" a todos esos actos de provocación.

El dirigente de la APPO rechazó las acusaciones y, por el contrario, afirmó que su movimiento es plural y pacífico, desligado de reivindicaciones de grupos armados.

"Es una absoluta mentira cuando se habla de guerrilla, los terroristas vienen de parte del gobierno. Hemos vivido una noche de zozobra y de terror. son ellos los que han desatado la guerra sucia" , estableció.

Durante el día, cinco de las 12 radiodifusoras tomadas el lunes fueron desocupadas. Tras la toma de radiodifusoras y la retención de 25 trabajadores de medios de comunicación, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó garantizar la seguridad de periodistas y la libertad de expresión.

Escuelas particulares suspendieron labores y el transporte se ha visto menguado por el retiro de autobuses, ante el temor de ser secuestrados.