Como medida de precaución, funcionarios de los 149 distritos electorales, en 26 estados, demandaron el apoyo de la fuerza pública para resguardar el orden durante el nuevo conteo de votos de la elección presidencial realizada el 2 de julio.

Con el fin de reforzar la estrategia jurídica y las medidas de resistencia civil, el equipo del candidato de la coalición, Andrés Manuel López Obrador, envió a las entidades clave a activistas ligados a la dirigencia del PRD.

En el Distrito Federal el jefe de gobierno electo, Marcelo Ebrard, será el responsable de la estrategia para la defensa del voto.

En el estado de México estará el senador electo Pablo Gómez. Ricardo Monreal, coordinador de las redes ciudadanas, se trasladó a Chiapas; Lorena Villavicencio, diputada local, a Querétaro, y el ex secretario general del PRD, Jesús Zambrano, a Jalisco.

Carlos Ímaz, ex delegado en Tlalpan que enfrentó un proceso penal tras haber sido exhibido recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, encabeza a un grupo de abogados en Nuevo León.

La coalición designó a un total de 596 representantes.

Sin dar detalles, el Partido Acción Nacional informó que su estrategia consiste en cuidar el conteo de votos en todo el país y evitar que los seguidores de López Obrador obstaculicen el proceso de escrutinio o lo violenten. Para tal fin, la dirigencia panista movilizó a los abogados que fungieron como representantes en los 300 distritos del país.

De último momento, el mecanismo de recuento sufrió ajustes, por determinación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El acuerdo establece: el nuevo escrutinio de votos podrá ser público, de haber condiciones en cada una de las juntas distritales; jueces y magistrados podrán instalar más de una mesa para el recuento de los sufragios e interrumpir la revisión, ante un avance considerable de la encomienda.

Los 192 jueces y magistrados seleccionados para el conteo cuentan con una carrera judicial, en promedio, de más de 10 años.

En la lista están, entre otros, Juan José Olvera López, quien rechazó el proceso que promovió la PGR contra López Obrador, y Ricardo Ojeda, que sentenció, en primera instancia, a 50 años de prisión a Raúl Salinas de Gortari. También aparece Irma Rivero Ortiz, integrante del Tribunal que le negó un amparo al ex regente capitalino Óscar Espinosa.

(Con información de J. Herrera y C. Avilés)