Desde junio los periodistas tienen garantizado en México, por ley, el derecho a no revelar sus fuentes de información ante autorides federales y del Distrito Federal.

Y en casos como el de la recién reformada Agencia de Noticias del Estado Mexicano, los periodistas que laboran en este medio gubernamental, incluso, quedaron protegidos en contra de acciones provenientes de su propio centro de trabajo que tiendan a presionarlos para romper el secreto de su profesión.

Las reformas legales que permitieron que esto fuera posible, y que entraron en vigor en junio, le ganaron a México un reconocimiento y una felicitación a nivel mundial, el 7 de julio pasado, de parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En especial porque en los últimos años el gobierno mexicano había recibido críticas por permitir que los periodistas fueran citados por autoridades ministeriales o judiciales para revelar las fuentes de su información.

Pero el beneplácito por este avance quedó opacado por el llamado de atención que hizo la relatoría, ese mismo día, por el alto número de episodios de agresiones y amenazas en contra de periodistas registrado en México durante el trimestre abril-junio de 2006.

Este llamado se sumó a la serie de denuncias y de calificaciones negativas que ha recibido el país de parte de organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), por la muerte, desaparición y amenazas contra reporteros en México.

Tan sólo el 3 de mayo pasado, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, RSF informó que en México murieron dos reporteros, y uno continúa desaparecido, por trabajos publicados sobre las acciones del narcotráfico, lo que colocó a nuestro país, junto con Colombia y Cuba, como las naciones más peligrosas para el ejercicio de la profesión en el continente americano.

Fue en medio de este contexto de violencia que en el país entraron en vigor dos reformas que permiten garantizar el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información y que protegen el secreto de su profesión, tanto a nivel federal como en la capital del país.

Con estas medidas el secreto profesional de los periodistas quedó protegido, tal como ocurre con los abogados, consultores técnicos, notarios, ministros de culto, médicos cirujanos o especialistas y sicólogos.

La CIDH consideró que los procesos legislativos adoptados "representarán un avance sustantivo para la protección de la libertad de expresión en México y un ejemplo para el hemisferio".

Aunada a las anteriores reformas, en junio, también entró en vigor otra reforma que protege el secreto profesional de los periodistas, pero no de las autoridades sino de su propio centro de trabajo.

Este es el caso de la "Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano", en la que se estableció que los periodistas que trabajen para la agencia gubernamental tienen el derecho a no revelar sus fuentes informativas incluso a la propia agencia.

En esta ley el secreto profesional se entiende como el "derecho de los periodistas para negarse a revelar ante la agencia la identidad de sus fuentes de información, siempre y cuando ésta se difunda con apego a los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y responsabilidad".

En dicha ley se precisa que el ejercicio de este derecho "en ningún caso ameritará la imposición de sanciones". De ahí que "los periodistas a quienes la Agencia viole su derecho al ejercicio de la cláusula de conciencia podrán poner fin unilateralmente a la relación contractual que los vincule con aquélla, percibiendo una indemnización que, en ningún caso, será inferior a la que les correspondería en caso de despido injustificado".