Alfredo García Pérez ha aprendido a "capotear a la banda", como él identifica a los rateros que acuden a su zona de trabajo -en el eje 1 Norte- en busca de "material" para subsistir: "Me dicen: Qué onda, dame chance de trabajar aquí, pero no, nada más es el toro, les doy que sus 10 pesos y se van".

Con el objetivo de reducir el robo de autopartes y romper los lazos que vinculan a franeleros con este delito, la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social capitalina, en coordinación con seis delegaciones políticas y la SSP, inició la regulación de quienes ejercen esta actividad en 10 sectores de la ciudad con alta incidencia de este delito.

Miguel Cortés, director de Registro y Evaluación de la Dirección de Trabajo del DF, estima que como parte de estas acciones cerca de 5 mil cuidacoches recibirán cursos sobre prevención del delito, ley de cultura cívica y los reglamentos de Tránsito y de Trabajo no asalariado, contarán con credencial especial y portarán casacas.

Sin embargo, ONG dedicadas al combate a la delincuencia reprobaron la medida, pues consideran que en el hechos implica legalizar la privatización del espacio público.

Miguel Cortés señala que la Subsecretaría cruza la información que tiene sobre los lavacoches con las estadísticas de robo de vehículo y autopartes de la SSP, colonia por colonia y calle por calle, para determinar si la comisión de este delito coincide con la presencia de los franeleros.

El funcionario sostiene que han podido demostrar a la policía la disminución del robo de unidades en algunas zonas donde hay cuidadores.

Incluso, dijo, se ha probado este hecho a través de dos programas piloto en Álvaro Obregón e Iztacalco, donde la Subsecretaría credencializó y uniformó -en 2003 y 2005- como "trabajadores no asalariados" a 129 franeleros.

Voces en contra

La regulación de los franeleros en las calles "equivale a legalizar la privatización del espacio público y eso es ir exactamente en sentido contrario a las recomendaciones más avanzadas para crear convivencia cívica y para prevenir delitos", aseguró Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC.

En su opinión, regularizar estos trabajadores, "que ya privatizaron el espacio, sería como entregarles las calles con el cobijo del gobierno de la ciudad".

El único signo positivo que López Portillo Vargas ve a este programa es que "la gente frene o disminuya la criminalización de los franeleros".

María Elena Morera, presidenta nacional de México Unido contra la Delincuencia, afirmó que con estos programas sí se corre el peligro de que los franeleros se apropien de las calles, como, dijo, lo han hecho los ambulantes. Insistió en que "la calle es de todos; no debería haber personas pidiendo dinero por un espacio que es de todos".

Sugirió que los franeleros "verdaderamente estén regulados y que las credenciales no sólo sean para los cuates que las pidan, sino para saber quiénes son realmente y saber que son gente decente y trabajadora".

Al respecto, el director de Justicia Cívica del Distrito Federal, Miguel Tinajero, opinó que es buena esta regularización para tener el control de la actividad de los cuidadores.

Pero informó que la dependencia a su cargo multa a quienes sean remitidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local. La diferencia es que aquellos que cuentan con credencial de trabajador no asalariado pagan de multa un día de salario mínimo, mientras que todos los que no la tienen deben pagar de 11 a 20 días de salario mínimo o cumplir con un arresto de 13 a 24 horas, la opción que ellos prefieran.