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Autodefensas con presencia en 64% de Guerrero

Policías comunitarias se disputan zonas al estilo del narcotráfico en más de la mitad de los municipios, entre ellos Mezcala
De la población de Guerrero, 64% vive bajo el dominio de alguna organización armada, como las policías comunitarias y ciudadanas o la Guardia Rural. (FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
15/10/2017
03:00
DAVID ESPINO
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Mezcala está construido sobre oro. Aquí está la mina Los Filos, una de las más grandes de América en extracción de ese metal. Su autodefensa es de las últimas constituidas en Guerrero. Desde que en 2012 se organizó el primer movimiento de este tipo en Huamuxtitlán, hasta el final, en mayo de 2017, 64% de los habitantes del estado viven bajo el dominio de alguna forma de organización armada, llámese Policía Comunitaria, Ciudadana, Rural o Guardia Rural.

Lo anterior, de acuerdo con la suma del número oficial de habitantes en cada municipio, arroja 2 millones 261 mil 280 personas, 52 de los 81 ayuntamientos y las siete regiones económicas.

Con todo, los últimos cinco años de operaciones de las autodefensas en Guerrero —donde los homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones siguieron creciendo como plaga bíblica— ponen en duda su viabilidad. Matanzas, enfrentamientos y decenas de desaparecidos se adjudican a los grupos armados que se han presentado con la bandera de combatir al narcotráfico o, al menos, los crímenes que se perpetran en su nombre.

”No aguantábamos los secuestros”

El Buitre es un hombre moreno, corpulento, con tatuajes en el brazo que porta un fusil automático Pietro Beretta. La célula de la autodefensa que comanda está en la entrada de Mezcala, en el cinturón de oro, a 56 kilómetros de Chilpancingo, la capital del estado. Sus hombres lo custodian. Todos traen playeras con la leyenda Policía Comunitaria y la mayoría son menores de 30 años.

“Nos armamos porque no aguantábamos los secuestros, los asesinatos y las extorsiones”, expone, sentado en un tronco a la orilla de la carretera, con su arma entre las piernas.

Ese mediodía lloviznaba en la vía federal 95 y los tráileres hacían rechinar las balatas por el freno de motor que los obligan a usar los reductores de velocidad dispuestos por la autodefensa. A la vera del camino hay dos fortines de concreto recién construidos, desde donde los efectivos vigilan a todo el que pasa.

El Buitre y sus hombres llegan de una acción en Xochipala, a 20 minutos de donde se realiza esta entrevista, una zona de fondas donde hacen parada conductores y viajantes llamada Plan de Liebres. Salieron veloces desde el punto de revisión en la entrada de Mezcala, alertados por el aviso de que había una banda de robacoches en las inmediaciones de la comunidad que da entrada a la sierra de Guerrero. Aunque al llegar no los hallaron, lo anuncian al bajar de sus camionetas.

Cuando esa autodefensa surgió, a mediados de mayo, el gobernador Héctor Astudillo dijo que no había razones para que existiera. El Buitre piensa otra cosa. “Estos restaurantes pagaban una tarifa a los mañosos, hasta que surgimos y los corrimos”.

Indica también que los han amenazado.

“Nos mandaban mensajes por celular, nos decían que nos tenían rodeados, que era mejor que nos fuéramos, que conocían a nuestras familias. Pero resistimos.

“Aquí quisieron entrar los de La Familia Michoacana y Guerreros Unidos”, dice El Buitre. Nunca menciona a Los Rojos o Los Jefes u otro grupo criminal que se hace llamar Cártel del Sur. En Mezcala se sospecha que esta autodefensa está al servicio de ese grupo.

Mezcala es prolífico. Desde cualquier lugar del pueblo se ve el cerro Bermejal rebanado por la minera Los Filos. Se tienen que procesar 112 toneladas de esta vieja montaña para obtener una onza de oro. La minera vino a cambiar la vida de los pobladores. Los obreros deben ser de esta región, es parte del trato que se hizo con la empresa canadiense LeaGold Mining (antes GoldCorp), dueña de la concesión de extracción. Son ellos, los mineros de Mezcala, de Carrizalillo, quienes deben pagar una cuota de 10 mil pesos mensuales, cada uno a los narcos.

De eso no habla El Buitre. Cuando se le pregunta desestima el tema: “Ya no hay, ya no hay”. Los habitantes tienen miedo de hablar, pero lo hacen sin dejar de pedir que no se les mencione por su nombre.

“Nosotros seguimos pagando cuota, como si estos [autodefensas] no estuvieran”, dice un trabajador y recuerda la ocasión en que fueron ellos mismos los que tuvieron que pedirle a los narcos que no les carguen la mano.

“Para mí que están cruzados”, dice un transportista de Xalitla. Se refiere a que en la autodefensa hay gente que trabaja para el narco.

El rescate

De junio de 2012, cuando pobladores de Huamuxtitlán se armaron para rescatar a 17 secuestrados, hasta mayo de 2017, cuando civiles armados instalaron retenes en Mezcala para contrarrestar el embate del narco, en Guerrero se configuró otra geografía, la que está integrada por 11 grupos diferentes de autodefensas, incluyendo la comunitaria, que se organizó en 1995 en el pueblo indígena de San Luis Acatlán, llamada ahora Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria [CRAC-PC].

Excepto la CRAC-PC, los demás grupos, UPOEG, FUSDEG, PCP, Policía Rural, Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, Policía Tecampanera, Paz y Justicia, Movimiento por la Paz, Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero y otros que no usan ningún nombre nacieron blandiendo sus armas contra el narcotráfico.

La última muestra fue la masacre de siete integrantes de una familia —incluidos dos niños— en San Pedro Cacahuatepec, Acapulco. Fue la mañana del 10 de junio. Una célula de la UPOEG cateó cuatro viviendas, luego de que vecinos se organizaron para buscar a un hombre desaparecido un día antes. Llegaron a una zona vigilada por la autodefensa y cuando se enteraron, los persiguieron hasta sus casas. Ahí dispararon contra todas las personas que las ocupaban.

El gobierno ofreció no descansar hasta dar con los culpables. Hasta ahora sólo se ha detenido a un joven de 17 años que fue sentenciado a “internamiento preventivo” por tres meses, reportó el vocero de Seguridad estatal, Roberto Álvarez Heredia.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, justificó los asesinatos y argumentó que fue un enfrentamiento entre policías y extorsionadores. Algo que en San Pedro Cacahuatepec y en la fiscalía negaron.

Expansión y ocaso

La primera expresión de autodefensa comunitaria fue la CRAC-PC, nacida en 1995, en los pueblos na’savi de San Luis Acatlán, donde termina la costa afro e inicia la montaña indígena de Guerrero. 17 años más tarde, en 2012, surgieron tres más: en Huamuxtitlán, en junio; en Olinalá, en octubre y en diciembre en Temalacatzingo. Las dos primeras se cobijaron bajo la sigla de la CRAC y la tercera creó su propio sistema de justicia y siglas: Policía Ciudadana y Popular [PCP].

En enero de 2013 brotó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero [UPOEG] y fue el año en que más expresiones de autodefensa surgieron: Ayutla, Tecoanapa, Tierra Colorada, Tixtla, Cuetzala, Cualac, Coyuca de Benítez, Teloloapan, Xaltianguis [Acapulco], Tecpan, Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa, Chichihualco, Zumpango, Apaxtla e Iguala —que fue sofocada tan pronto apareció— en cinco regiones distintas: Costa Grande, Costa Chica, Montaña, Centro y Norte. Las siglas no variaron mucho.

De 2014 a 2016, el fenómeno creció, aunque sobre todo se dividió y se confrontó a muerte. El primer año saltó a El Ocotito y una docena de comunidades pertenecientes al valle de Chilpancingo, hasta Mazatlán, a media hora de la capital del estado. En 2015 se dividió la UPOEG y surgió el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero [FUSDEG], que llegó más cerca aún de Chilpancingo, donde ninguna organización había arribado, en Petaquillas, poblado a 7 kilómetros de distancia.

Esta división ha costado más vidas que ninguno de los 10 movimientos restantes que operan en Guerrero. La lucha por las zonas de control entre la UPOEG y el FUSDEG se asemeja a la disputa por territorios entre miembros del narco. Como si pelearan la plaza, al estilo de quienes dicen combatir: en tres enfrentamientos han muerto 28 hombres. Marzo de 2015, San Juan del Reparo, Tierra Colorada: cinco víctimas; junio de 2015, Xolapa, Acapulco: 16; octubre de 2016, Tlayolapa, Tierra Colorada, siete.

En 2015 también emergió un grupo —más cerca del paramilitarismo que de la autodefensa— que se hizo nombrar Paz y Justicia. Ocurrió en Chilapa, donde termina la región Centro e inicia la Montaña. Ocupó la cabecera municipal una semana de mayo y a su paso dejó 16 desaparecidos que reivindica la organización Siempre Vivos, formada por padres, esposas, hermanos e hijos de los secuestrados. El Centro Morelos de Derechos Humanos, con sede en Chilapa, puntualiza en cambio que fueron 32, pero los familiares de los otros 16 tuvieron miedo de denunciarlo.

En 2016 surgió la Policía Tecampanera en Teloloapan, zona norte, territorio de La Familia Michoacana, y más tarde, en Ajuchitlán, donde apareció un grupo sin nombre y saltó a una región sin precedente de autodefensas, San Miguel Totolapan, Tierra Caliente. Aquí nació el Movimiento por la Paz, sólo que Totolapan es un bastión del grupo criminal Los Tequileros, que no ha sido tocado, salvo la persecución sin éxito que la Policía Federal lanzó contra su cabecilla, Raybel Jacobo de Almonte.

En lo que va de 2017 surgieron tres autodefensas más: en Tlacotepec, en la sierra de alta producción de goma de opio, aunque desde 2013 ya era frecuente toparse en las carreteras con hombres armados y playeras de policías rurales; Tepecoacuilco, en la región Norte, y la última en Vallecitos de Zaragoza, sierra de Zihuatanejo, Costa Grande. Ahí nació la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero y su influencia se extiende hasta Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente.

Bajo calibre

Algunos de los hombres de El Buitre, jefe en Mezcala, operan con el rostro cubierto con pasamontañas o tapabocas de calavera. Hay varios jóvenes rubios, comunes en la sierra, pero no en Mezcala ni en otro lugar de esta zona donde la piel morena predomina.

¿A qué se dedican los muchachos cuando no están en sus guardias? “Algunos son ex militares, otros ex policías, aunque la mayoría son agricultores, pescadores y tabiqueros”, señala El Buitre.

Antes de que llegaran de Xochipala, otro elemento aseguró que viven de la cooperación de los vecinos y “de lo que sale”, a veces hasta 2 mil pesos diarios, de lo que se pide a los transportistas que circulan con pasajeros hacia Iguala y una docena de poblaciones más.

—¿Y sus armas, las balas, esta que lleva, por ejemplo, cómo la adquirió? —se le pregunta a El Buitre.

—¿Esta?, esta es un riflito calibre 22 que tiene papeles y todo en regla. Se la compramos al Ejército —responde.

El riflito del que habla es un Pietro Beretta que no podría ser calibre 22, sino un fusil de asalto reglamentario, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

—Las municiones —agrega el comandante— las compramos de lo que se junta de las cooperaciones.

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