Adriana: “A mi hija la asesinaron el 14 de enero del 2020, dentro del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ninguna autoridad, ningún maestro, directivo, docente, nadie se comunicó conmigo, yo me enteré hasta las 2 de la tarde por un compañero; él me habló para decirme que mi hija se había suicidado dentro del baño del instituto”. Recuerdo al MP que me atendió, de apellido Pinto, me dijo: “Doña Adriana, ya no investigue, su hija se mató, es la misma letra de las cartas, ya ni le busque”.
Arturo: “Mi mamá fue asesinada el 30 de julio del 2017, tenía 55 años”. “Primero tienes que firmar estos papeles, después tienes que pasar con el doctor que le hizo la necropsia para que firmes otros papeles y luego ya regresas”. Nos hizo pasar malos tratos, me aventó el folder con las fotos de mi mamá y me dijo: “A ver, tienes que reconocer las fotos”. “Sí, ya las vi”. “No importa, mira de nuevo”, vi la primera foto: “Sí, es ella”. “¡Mira todas!”
Estos son solo un par de testimonios de mi libro “Maldita entre todas las Mujeres” en donde la violencia vicaria que existe por parte de las autoridades quienes están al frente de atender a las víctimas y sus familiares, terminan por revictimizarlas.
El trauma vicario, según definición del diccionario, es el resultado de la exposición indirecta a un suceso traumático o doloroso, que genera consecuencias negativas en la persona.
Hoy en día, en nuestro país, el trauma vicario en las autoridades es un grave problema. Hoy en México se pone en duda si existe un verdadero Estado de Derecho.
Me parece urgente que redefinamos la justicia desde una perspectiva restaurativa, ya que solucionar años de ausencia de Estado de derecho va a ser físicamente imposible.
Si la sociedad ya le falló a una sobreviviente de violencia, lo mínimo que podemos hacer es tratarla con dignidad, respeto y garantizar el acceso a la justicia.
Es momento que combatamos la impunidad y la corrupción desde el fortalecimiento de la salud mental de las personas que dan la primera respuesta y están al frente del sistema de justicia penal. El primer paso que tenemos que entender para la reconstrucción del tejido social es garantizar el Estado de derecho.