La Corte, bajo fuego por GN, y sus protagonistas

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la decisión del gobierno federal para que la Secretaría de la Defensa Nacional asumiera un control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) ha provocado que desde Palacio Nacional se ordene uno de los cabildeos más impetuosos que se recuerden contra los ministros.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es quien encabeza ese cabildeo para evitar que la propuesta prospere, aunque también cuenta con la intervención activa de los militares con sus acostumbrados métodos y formas.

El escenario resulta extraño por los orígenes del ministro que impulsa esa sentencia: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien llegara al máximo órgano de justicia de la mano del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, con quien, según nos confirman fuentes de la Corte, mantiene una cercana relación.

Más extraño aún es que Scherer y sus abogados son también muy cercanos a los altos mandos militares, quienes defienden ante la Fiscalía General de la República a efectivos del Ejército involucrados en el caso Ayotzinapa, de manera que no se alcanza a entender que el ministro que los representa en la Corte pretenda ir, además de contra las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, también contra los intereses del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de los generales que se encuentran complacidos con administrar plenamente el presupuesto de la seguridad ciudadana.

Con todos estos ingredientes, el mensaje que se envía con el proyecto va desde un posible descontento de ciertos mandos militares con las tareas extraordinarias que se les han asignado en este gobierno. Las manifestaciones de los últimos meses y las protestas de la tropa y de sus familiares así lo confirman.

El presidente López Obrador, además de pedirle a su secretario de Gobernación su operación y cabildeo, dijo la semana pasada en dos ocasiones que acompañar la propuesta del ministro González Alcántara sería un “error garrafal” y que de pasarse se regresaría “al modelo García Luna de la Policía Federal.”

Tampoco se descarta que la postura de González Alcántara sea realmente una muestra de independencia y sobre todo de apoyo a la cruzada de legitimación de la ministra presidenta Norma Piña. Se sabe que entre ambos integrantes de la Corte hay una muy buena relación. El ministro fue determinante para que su compañera asumiera la posición que hoy mismo ostenta, no sólo por el voto otorgado, sino porque él fue uno de los que la convenció para que se lanzara a buscar la presidencia del Poder Judicial. También fue quien ayudó a coordinar un desayuno de relacionamiento entre Piña y Sheinbaum a finales de febrero.

Sea cual sea la razón por la que el ministro llevará al pleno la propuesta para regresar la Guardia Nacional al sector civil, el tema se ha convertido en la principal preocupación del presidente y de los militares que diseñaron a su lado este esquema para que el Ejército asuma el control de la seguridad pública o ciudadana.

Como lo expuso el viernes Alejandro Hope en estas páginas, la preocupación de que se declare inconstitucional el mando militar de la GN no es por temas de seguridad realmente, sino por asuntos de presupuesto y administración.

En una revisión a los contratos, desde septiembre de 2022, cuando la 4T consiguió aprobar en el Congreso el traspaso operativo y administrativo de la GN a la Sedena, a la fecha, se han comprado para los elementos de seguridad ciudadana unos 6 mil millones de pesos en equipo y materiales. Esto, mediante licitaciones en las que se justificó que las compras eran para la Policía Militar, algunas convocadas antes de que se hiciera oficial que los militares podrían hacer uso del presupuesto civil.

Ahí está el quid del asunto.

Posdata

La reforma administrativa del gobierno federal que trae muy preocupados a los empresarios, porque consideran que vulnera el Estado de Derecho y genera incertidumbre jurídica para las inversiones, fue ideada e impulsada por la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, de quien desde su toma de protesta en septiembre del 2021 no se ha sabido mucho.

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para modificar 23 leyes en materia administrativa, la cual tiene como propósito que el gobierno pueda decidir, unilateralmente, “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”, entre otras cosas.

Las asociaciones del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin, Coparmex y otras que representan a empresas extranjeras han encendido las alertas por lo nocivo que puede resultar para la confianza empresarial, para el TMEC y otros acuerdos comerciales que tiene México y para el llamado nearshoring.

El presidente López Obrador no parece tenerla muy presente, pues no ha hablado de ella en sus conferencias matutinas. Sin embargo, los empresarios aseguran que es de las iniciativas más perjudiciales que se hayan propuesto.

@MarioMal