Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de México adquiere también una alta responsabilidad ante la ciudadanía que lo eligió. Una responsabilidad que, según la Constitución, dura seis años. Ni un día más. Ni un día menos.
Sin embargo, desde 2019 la propia Constitución establece que, en el caso de que a juicio de un número determinado de ciudadanas y ciudadanos (3% de la lista nominal) la persona que ocupa la Presidencia del país ha faltado a su compromiso y no es capaz ni debe seguir en el cargo, esas ciudadanas y esos ciudadanos pueden promover la revocación del mandato: terminar anticipadamente el contrato que la Nación tiene con el titular del Ejecutivo Federal.
México no es el único país que contempla esta figura jurídica. Hay una veintena de naciones que ofrecen esa opción a su electorado, aunque los ejemplos más recientes de aplicación de la figura nos remiten tristemente a los casos de Hugo Chávez (2004) y Evo Morales (2008).
En el primero, se trató de un “referéndum revocatorio” que no solo afianzó al militar venezolano en la presidencia sino que le sirvió para pulverizar a sus opositores al fustigarlos y acorralarlos desde el poder de su cargo; el respaldo y movilización de su movimiento político reforzado por los recursos del Estado le valieron una sobrada mayoría para seguir gobernando hasta su muerte.
En Bolivia, Evo Morales también acudió a un referéndum revocatorio alentado desde su gobierno y movilizó a sus simpatizantes para darle un resultado favorable con efectos desastrosos para los opositores, que ya empezaban a hacerle frente: los mandatos de varios gobernadores provinciales de oposición fueron revocados y Evo Morales nombró prefectos dependientes totalmente de la presidencia boliviana.
En ambos casos las circunstancias sociales eran semejantes. Sendas agrupaciones opositoras decidieron plantar cara al poder centralizante de los presidentes Chávez y Morales, y éstos aprovecharon la movilización de sus simpatizantes y los recursos del Estado para no solo ganar sus referéndums sino además aplastar electoral, social y políticamente a la oposición. Les tomó casi 10 años a los opositores en Venezuela y Bolivia recuperarse y reagruparse. Los regímenes bolivariano fundado por Chávez y socialista de Morales continúan en el poder, con Nicolás Maduro y Luis Arce.
En México, nuestra Constitución no se refiere a la revocación como un instrumento de refrendo para el poder público. Es una figura jurídica para retirar el mandato del o la titular del Ejecutivo Federal o los estatales.
Se requiere una legislación secundaria para aplicar dicha consulta, aunque sus características fundamentales ya están contempladas en nuestra Carta Magna. No se trata de un asunto fácil ni de tomar a la ligera, porque no ha de ser delineada una ley a modo ni con un remitente específico: deberá ser una ley que cumpla con los principios de certeza y generalidad que el asunto amerita.
Lo vivido hace unos días en la Comisión Permanente de la saliente legislatura federal donde la facción oficialista quiso convocar a un extraordinario para formular una legislación a toda prisa, no es digno de México y más bien pareció el esfuerzo de quienes quieren quedar bien con su jefe político. Bien por la oposición al no dejar que el régimen y sus aliados se salieran con la suya.
La revocación de mandato es un instrumento poderoso para actuar contra un gobernante que no asume el compromiso de un mandato popular, no es una herramienta para el contentillo ni la vanidad de quien, al parecer, está urgido de aplausos.