Los escándalos de corrupción gubernamental en este sexenio habrán superado los de sexenios anteriores, incluso del periodo 2012-2018, considerado el de mayor descaro y desvergüenza. Hoy cualquier denuncia pública queda contenida en el parapeto de “la mañanera” y en el manejo oficial de nuevos distractores de atención.
Entre jóvenes con aspiraciones políticas el comentario, entre bromas y veras, es que en nuestro país, mejor que ser presidente, es ser hijo de presidente. Un caso más ha sido mostrado este mes con datos veraces, pero no es materia de investigación alguna desde el gobierno.
Mediciones de opinión pública de sobra conocidas señalan que la percepción de la corrupción en México ronda ya el 70 por ciento y “es mucha”; esto impacta la aprobación presidencial en materia de honradez y honestidad, pero el 30% de la población aprueba incluso su gestión en tales aspectos.
Otros casos detonan directamente en el escenario de las campañas electorales:
El escándalo más reciente de corrupción lo devela la exdirectora de Notimex, al afirmar que la liquidación de los trabajadores de la desaparecida agencia del estado lleva la exigencia de un “moche” del 20% del total, unos 50 millones de pesos para apoyar la campaña de la candidata oficial. La acusación procede de una persona encumbrada y durante cinco años ostensiblemente cercana a la familia presidencial.
Si como ha dicho, está dispuesta a llevar su denuncia a los tribunales tendrá seguramente más credibilidad y habrá tocado la línea de flotación de la campaña electoral de la candidata del oficialismo continuista, a quien se le observa de tiempo atrás un gasto dispendioso de recursos de posible origen ilícito en su promoción electoral.
El panista Marko Cortés da también la nota de escándalo al exhibir un pacto con el PRI del cual debería avergonzarse, pues rebasa el marco legal de la distribución anticipada de cargos y candidaturas entre aliados políticos al incluir el reparto de notarías públicas como si fueran dulces, o parte de un botín de guerra la obtención de permisos para brindar fe pública y seguridad jurídica a la comunidad.
De requerirse un correctivo, está al alcance del gobernador de Coahuila establecer de inmediato el concurso público de oposición como requisito obligatorio para ser notario, tal como se hace en la Ciudad de México desde 1946 y en otros estados, como única ruta para acceder al notariado. Estoy convencido, como notario, que éste es el mejor sistema.
Los naranjas aportan su parte a estas crisis de legitimidad. El precandidato de MC genera más preguntas que respuestas y ha sido señalado por guardar silencio ante una acusación de acoso por parte de un antiguo colaborador suyo, que hizo mucho ruido en redes sociales y está por verse el impacto que puede tener en su candidatura. ¿Podrá reunir las simpatías que logró el gobernador de Nuevo León, cuya hoy fallida candidatura quitó varios puntos a la candidata oficial y no a la del frente opositor?
Los delitos deben sancionarse con la ley en la mano. No hay otra. Si un candidato debe ser dado de baja, que así sea. Y si deben repetirse las elecciones, que se repitan. Y si hubiera que prorrogar un plazo que se prorrogue. En 2024 estamos en el punto de inflexión para demostrar que la ley sí es la ley. O es exigible, o la reducimos aún más a la condición de cuento increíble.
Apenas es enero y tres candidatos están en dificultades en sus precampañas, junto con integrantes de sus equipos. Las crisis de prestigio personal deberían hacernos reflexionar sobre la ética y los principios que debieran regir la conducta humana, el derecho y el quehacer político en general. No vaya a ser, como lo narra Mario Puzo en su obra El Padrino, que hasta los mafiosos aconsejan a sus hijos no confiar en los políticos porque no tienen palabra.