Las comunicaciones que el jefe regional de Guerreros Unidos , Gildardo López Astudillo, El Gil, sostuvo con un comandante de la policía de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 —interceptadas tal vez de manera ilegal por la Secretaría de la Defensa y dadas a conocer hace unos días por instrucciones del presidente de la República—, llevaron inesperadamente el caso Iguala de vuelta al principio.
En abril de ese año, cinco meses antes de que 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala, la fiscalía del estado de Guerrero investigaba la muerte del luchador social Arturo Hernández Cardona, así como el secuestro de Adolfo Salgado Salgado , quien cobraba “derecho de piso” por parte de la delincuencia organizada a comerciantes y ejidatarios.
La investigación halló un momento estelar cuando uno de los involucrados en el secuestro de Salgado Salgado —Ernesto Pineda Vega— reveló a la fiscalía de Guerrero que el alcalde de Iguala y su jefe de policía formaban parte de Guerreros Unidos.
Pineda entregó parte del organigrama de la organización criminal de la que formaban parte el alcalde José Luis Abarca y el jefe policiaco Felipe Flores . Detalló cómo el grupo criminal secuestraba, desaparecía y mataba, y reveló su forma de operar: “la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos”.
A unos días de la desaparición de los 43 estudiantes, la fiscalía de Guerrero, a cargo entonces de Iñaky Blanco , detuvo a los primeros involucrados en el caso. Según un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas , las declaraciones rendidas por los detenidos se obtuvieron de manera absolutamente limpia.
“Todos los actos de tortura analizados tuvieron lugar a partir de que la PGR atrajo el caso. La Oficina no ha conocido ningún caso de tortura mientras la investigación estuvo a cargo de la PGJE de Guerrero, ni en los Centros de Readaptación Social Federales donde se encuentran recluidos los procesados”.
En esas declaraciones, uno de los detenidos, Marco Antonio Ríos Berber, reveló que un sujeto apodado El Choky le dio la orden de ejecutar a 10 normalistas y relató que más tarde se había enterado de que otros 20 alumnos fueron trasladados a la comandancia municipal, por instrucciones del jefe de Los Bélicos —el grupo de reacción inmediata de Iguala—: Francisco Salgado Valladares.
Esto encajó con la declaración de otro miembro de la organización, Honorio Antúnez Osorio: dijo que 20 normalistas fueron llevados a la comandancia y entregados a un oficial de barandilla apodado El Gay , quien luego se los devolvió a Los Bélicos. La CNDH afirma que cuando los alumnos se hallaban en la comandancia hubo un cambio de orden: entregarlos a los sicarios a fin de que los desaparecieran.
En medio de todo esto figura también la declaración de Bernabé Sotelo Salinas , realizada en presencia de miembros del Grupo Internacional de Expertos Independientes , GIEI: dijo que esa noche asistió al basurero de Cocula a bordo de una camioneta que era propiedad de El Gil. En ese vehículo iban varios estudiantes esposados.
La CNDH determinó que en uno de los autobuses en los que los alumnos llegaron esa noche a Iguala (el 1568) viajaban entre 23 y 28 personas; en otro de los camiones (el 1531) iban entre 15 y 20 normalistas más.
En las comunicaciones dadas a conocer por órdenes del presidente, El Gil le pide al comandante de la policía Salgado Valladares que le entregue a los alumnos en el camino a Pueblo Viejo: “Yo los recibo… tengo las camas para aterrizarlos”. El jefe policiaco responde: “Ok, son 21 personas en el autobús que va a salir (…) paq los revienten ustedes (…) Y aquí tenemos 17 todavía en la cueva… Estos también los quieres y decimos q no isimos detenciones (sic)”.
Existe la versión de que otros tres o cuatro normalistas fueron entregados aparte, en Lomas del Coyote , a sicarios del grupo criminal.
Todo parece volver al punto en que la Fiscalía de Guerrero dejó la investigación, y antes de que esta fuera atraída y viciada, tanto por la Procuraduría General de la República como por los grupos de interés que desde hace siete años se apoderaron y han lucrado con el caso.
Las comunicaciones dadas a conocer por Gobernación echan por tierra algunas de las mentiras más importantes de cuantas se tejieron alrededor del caso Iguala —con muchas de las cuales el mismo Gil, liberado en 2019 y convertido en “testigo estrella”, enredó y durmió al inexperto fiscal, exsecretario técnico del GIEI, Omar Gómez Trejo .
Al mismo tiempo, las comunicaciones ponen al Ejército en un grave predicamento, porque prueban que ocultó información crucial: que dejó que el caso se enturbiara y siguiera creciendo durante años el enredo político; y porque se rehusó a dar parte de lo que sabía a las autoridades investigadoras.
Si existen intervenciones previas , el asunto se pone peor para los militares.
Estas comunicaciones ponen también en un serio aprieto al subsecretario Alejandro Encinas: ¿seguirá manteniendo en un barrio de lujo al “testigo colaborador” que, está perfectamente probado, después de ordenar y tomar parte en la desaparición de los alumnos, se dedicó a soltar una mentira tras otra —o acaso a repetir lo que alguien más quería que “revelara”?