La relación entre el Grupo Internacional de Expertos Independientes, GIEI, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atraviesa por un momento que podría considerarse extremadamente crítico.
En noviembre pasado, los integrantes del GIEI presentaron un polémico video que altos mandos de la Secretaría de Marina les habían entregado. El video había sido encontrado dentro de un archivo, con una etiqueta en la que se leía la palabra “ Cocula ”.
En una larga presentación efectuada ese mes ante el GIEI, los mandos de la Marina explicaron a los expertos internacionales el por qué de la actuación y presencia de marinos en el basurero de Cocula , semanas después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La presentación detallaba que 12 efectivos habían llegado al lugar a finales de octubre de 2014, sin tener conocimiento previo de si iban o no a encontrar algo. Obedecían solo una solicitud de la PGR para, tal como lo establecen los protocolos de actuación, “localizar y geoubicar” determinadas coordenadas geográficas y, en caso de advertir alguna cosa relevante, establecer un cerco perimetral con fines de resguardo.
El GIEI no esperó a las autoridades competentes, la FGR , para que a través de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación en el caso Iguala iniciara el procedimiento de documentación y control de la nueva evidencia.
Sencillamente se saltó la cadena de custodia y presentó el video al público, manipulando su contenido para dar a entender, a partir de presunciones, conjeturas, inferencias e interpretaciones a modo, que los marinos habían manipulado la escena en la que luego fueron hallados 63 mil restos óseos calcinados.
Entre esas insinuaciones se hallaban la de que los propios marinos habían encendido una hoguera, y que habían “sembrado” objetos en el vertedero.
La molestia de la Marina llegó a Palacio Nacional. La renovación del millonario contrato para que el grupo de expertos siguiera investigando el caso quedó momentáneamente congelada. Hace unos días, los integrantes del grupo pusieron como condición para retomar las investigaciones que el gobierno mexicano, entre otras cosas, les concediera inmunidad perpetua “contra todo procedimiento seguido ante autoridad judicial, ministerial o administrativa contra los actos ejecutados”.
El 4 de abril pasado, el capitán de navío Humberto Ulloa Cabrera, el oficial que estuvo al frente del operativo realizado en 2014 en el basurero de Cocula, rindió un informe al que tuvo acceso el columnista. Informó que el 20 de octubre de 2014 el entonces coordinador general de Infantería de Marina, almirante Marco Antonio Ortega Siu, le había dado la orden “verbal, directa y personal” para realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento.
Relató Ulloa que el almirante le ordenó que se trasladara con personal de la Séptima Brigada de Infantería de Marina a Nuevo Balsas, Guerrero , e iniciara patrullajes en el área. Ulloa debía reportar a la Coordinadora General de Infantería (EMCOGIM) “cualquier información o hallazgo que pudiera permitir la localización de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa”.
La brigada patrulló hasta el día 23, “sin resultados positivos”. El 24 se ordenó que la brigada se moviera hacia Cocula, a un punto “que según sus coordenadas geográficas coincide con las del basurero” e informara sobre novedades o hallazgos “que se pudieran observar en ese sitio”.
“Me trasladé de inmediato con 12 elementos de fuerza y 2 vehículos tipo pick up, arribando al lugar entre las 0600 y 0615”, explicó el capitán. “Al llegar efectuamos un reconocimiento del área y establecimos seguridad perimetral. Al bajar al cráter del basurero para reconocer el área, me percaté de que el suelo estaba cubierto por ceniza, se lograron visualizar dos manchones grandes de ceniza en el fondo del cráter, por lo cual me comuniqué vía telefónica a la EMCOGIM, dando parte de lo que observé”.
Ulloa agrega que en esa misma llamada “me indicaron que un dron de Semar estaría dando cobertura visual en el área y que al lugar arribaría personal de PGR a verificar los hallazgos encontrados en el basurero, quienes arribaron aproximadamente a las 0655 horas a bordo de una pick up blanca y una persona de las tres que venía a bordo se identificó como Tomás Zerón de Lucio , titular de la Agencia de Investigación Criminal”.
Aproximadamente a las 07:20, el capitán recibió la orden de realizar una señal visual con humo para que los operadores del dron pudieran ubicar el vertedero, debido a que “la densa capa de nubes en el área” había hecho que el dron lo perdiera de vista.
“En ese momento ordené al personal de fuerza que me acompañaba que hicieran una pequeña fogata para poder hacer el humo requerido por los operadores del dron”.
Ese fuego se encendió a las 07:25. Fue apagado a las 07:37, cuando se informó al capitán que el dron había localizado el punto. Ulloa señaló que cuando se prendió la fogata, ya estaba personal de la PGR en el lugar “y no manifestaron desacuerdo o indicación contraria”. Los marinos, según el documento, permanecieron fuera del cordón perimetral a lo largo de ese día.
Eso fue lo que se le informó al GIEI. Eso fue lo que se supo en Palacio.