Burradas contra la libertad de expresión en el Politécnico Nacional

El 29 de abril pasado comenzó a circular el oficio titulado “Autorizaciones de entrevistas  y accesos a medios de comunicación” en las dependencias del Instituto Politécnico Nacional (IPN), un documento que sentó muy mal en toda su comunidad, particularmente entre los investigadores. Se les informó que cualquier entrevista con medios de comunicación tendría que “contar con la autorización de la Coordinación de Imagen Institucional”. Una pequeña versión burra -nunca mejor dicho- de una ley mordaza. Al personal docente, administrativo y de investigación se le advertía el requerimiento de notificar datos laborales y con qué medio de comunicación pretendían hablar… Una medida de clara intimidación administrativa al estilo del peor Conahcyt de Álvarez-Buylla para inhibir cualquier contacto de la comunidad politécnica con la prensa, con copia para el Órgano Interno de Control de la Institución. El firmante de esta burrada: Marco Antonio Ramírez Urbina, coordinador de Imagen Institucional del IPN, cuya presencia en ese puesto, paradójicamente, se ha caracterizado por hacer un daño severo a la imagen institucional del Poli. Este es el episodio más reciente de esa “labor”. Nos cuentan que las protestas al interior de la institución no se hicieron esperar y tres días después tuvo que salir a dar la cara el director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, y su abogado general, Marx Ortiz, a través de otro oficio, para dejar sin efecto legal ni administrativo la amenaza velada contra la libertad de expresión de la comunidad politécnica. Para calmar las aguas, el segundo oficio proclama con pompa y circunstancia: “El Instituto Politécnico Nacional invariablemente reconoce la libre manifestación de ideas, así como la libertad de difundir opiniones e información a través de cualquier medio”. Pues qué bárbaros. Dicen que es de sabios rectificar, pero sin duda siempre tendrá mayor reconocimiento oponerse desde el primer momento a hacer algo que es incorrecto, inmoral o ilegal, así venga la retrógrada orden de la Secretaría de Educación Pública (cabeza del sector de la que depende el Poli), como parece que fue el caso. Sin embargo, el Politécnico, como otras instituciones educativas y culturales del país, vive momentos bajos; en el caso del Poli, entre otras cosas, por el uso partidista y propagandístico de su canal cultural y la llegada de telebasura animada por influencers y otros personajes ajenísimos a los ideales de pluralidad, calidad y dignidad del Poli. En el decálogo fundacional del Poli existe este mandato para comunidad: “Porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución”. Evidentemente algunos personajes de la burocracia dorada del IPN están fallándole en este punto a su comunidad y a su institución.