Viene un problema desde altamar

Hace tres meses, el primero de marzo, el barco “Melody” llegó a las costas de Quintana Roo, cargado con 20 mil toneladas de piedra para elaborar basalto. El gobierno mexicano le compró el material a la dictadura cubana de Miguel Díaz Canel para la base de soporte de las vías del Tren Maya en el tramo cinco. El precio pactado por tonelada fue de 22 dólares, un total de 4.5 millones de dólares para el régimen, cortesía de López Obrador.

Sin embargo, la estrategia no salió conforme a lo planeado. El “Melody” tuvo que permanecer a cuatro kilómetros de distancia del muelle de Puerto Morelos, debido a su gran calado. En otras palabras, era muy grande para un fondo marítimo tan pequeño.

Ante el problema, las autoridades determinaron que bajarían las 20 mil toneladas de piedra en barcos más pequeños. Una ronda interminable de viajes desde la costa al “Melody” y viceversa. Tres meses después de la operación, no han logrado descargarlo, mientras la tarifa por mantenerlo detenido llega a 190 mil pesos diarios. Esta misma historia se repite con el barco “Gazibey”.

El problema que se viene para el gobierno mexicano es que las compañías dueñas de ambos barcos tienen una bomba de tiempo encima: la molestia de su tripulación. Los marineros viven en las peores condiciones laborales, sin poder bajar a pisar tierra, con comida limitada, al igual que los servicios médicos.

En el “Melody” está el capitán Garzo y en el “Gazibey” está el capitán Danut Mertic. Pude establecer comunicación con el primero. Hay tres maneras: correo electrónico, teléfono satelital y si hay suerte, en otro teléfono, vía Whatsapp.

Parte del atorón que viven ambas tripulaciones es porque los contratistas del Tren Maya han retenido los pagos a las compañías Grupo Indi y Santo Domingo, según la denuncia. Al estar limitadas en pago, éstas limitan a sus empleados, lo que viola las directrices internacionales, incluido el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo.

En las mesas de ambas empresas ya consideran interponer denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, de esa forma, ejercer presión a los contratistas y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Stent:

Pablo Quiroga Adame, comisionado de fomento sanitario de Cofepris, olvidó su encargo original y parece integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. El funcionario descuelga el teléfono y exige que se eliminen publicaciones que no sean para apoyar a la jefa de gobierno. ¿O es cargada orquestada por su jefe, Alejandro Svarch?