En cualquier Estado existen instituciones que permanecen con la fuerza y otras que se sostienen gracias a su autoridad moral. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pertenece a este segundo tipo de instituciones. Establecida en junio de 1990 y con autonomía desde septiembre de 1999, su creación representa la más alta preocupación de la sociedad mexicana por dotarse de una defensoría de sus derechos más fundamentales frente a su posible violación por parte de las autoridades del Estado mexicano.
Dos de nuestros más prestigiosos juristas universitarios, Jorge Carpizo y Héctor Fix Zamudio, se cuentan dentro de los principales promotores del establecimiento de la figura de ombudsman en México. Su diseño y actuación, nunca exenta de críticas, han sido cuidadosamente reflexionados y analizados por especialistas nacionales y extranjeros, organismos de la sociedad civil, medio de comunicación y ciudadanía en general. Se trata, en resumen, de una de las instituciones más observadas de nuestro país, pues su postura, recomendaciones y señalamientos al poder representan la defensa de miles de ciudadanas y ciudadanos.
Por ello, es una lástima observar la situación institucional en la que hoy se encuentra la CNDH, pues a lo largo de los últimos años ha lesionado su legitimidad y extraviado su rumbo. En primer lugar, diversos actores políticos y sociales señalaron con razón que el perfil de su actual titular no era el más adecuado debido a la cercanía personal y simpatía política que abiertamente profesaba con el partido en el gobierno federal. Pero si alguna vez se otorgó el beneficio de la duda a la excandidata a diputada por Morena, los reiterados vaivenes de la CNDH bajo el mandato de Rosario Piedra confirmaron su vocación por defender los intereses del grupo gobernante.
Quizá uno de los momentos que exhiben mejor la conducción errática a la que ha sido sometida la CNDH fue la defensa pública que hizo sobre la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador y su crítica frontal a la actuación del Instituto Nacional Electoral. Más allá de las reflexiones que legítimamente su titular pudiera tener en torno a la democracia mexicana, queda de manifiesto que ha excedido su ámbito de acción y partidizado la percepción de la Comisión.
Para ahondar más la crisis, hace una semana todos los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH presentaron su renuncia en protesta contra la actitud y descalificaciones de Rosario Piedra. En su misiva dirigida al Senado, las y los ciudadanos que conforman este Consejo acusaron que “un órgano que debiera ser autónomo pareciera estar atendiendo a intereses diversos a los de la defensa y protección de los derechos humanos”, lo cual ha hecho “prácticamente imposible” el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, señalan que su renuncia unánime atiende a que no desean legitimar “algunas arbitrariedades, interpretaciones sesgadas y decisiones unilaterales de la presidenta de la CNDH”.
El manejo arbitrario y sesgado de los recursos hacia el interior de la CNDH, su aislamiento y confrontación con activistas y centros de Derechos Humanos, así como la descalificación de partidos políticos y sectores de la opinión pública tienen en la parálisis y el aislamiento a una de las instituciones que mayor prestigio gozaba entre la sociedad mexicana. El mayor error, a mi juicio, fue la malinterpretación de su objetivo institucional, pues el difícil papel de un ombudsman no es respaldar al gobierno en turno, sino sustentar una crítica objetiva y necesaria en favor de los Derechos Humanos.