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Victimología & el Estado mexicano.

04/10/2018
17:35
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En México se ha acrecentado la incidencia delictiva, caracterizándose por el uso y el acrecentamiento de la violencia, destacando que los delincuentes han evolucionado en todas sus escalas y niveles para llevar a cabo la comisión de delitos; por consecuencia se ha incrementado el número de carpetas de investigación y el número de víctimas por el incremento de este fenómeno social delictivo.

Es obligación del Estado enfocarse en apoyar y en resarcir el daño causado por los victimarios con el apoyo de las leyes y normas creadas a favor de la protección de las víctimas.

Lo anterior sin dejar a un lado que es obligación del Estado desarrollar estudios específicos en materia de criminología, que es la ciencia encargada de estudiar los delitos y sus causales, y teniendo productos científicos para combatir con eficiencia las acciones delictivas, y acciones tangibles de prevención del delito.

Sin embargo, en el presente artículo nos ocuparemos de explicar la importancia de dar a conocer la disciplina científica que deriva de la criminología, que es la victimología, ésta es la que se encarga de estudiar a las víctimas de la delincuencia en las diversas fases de la victimización.

A nivel internacional se ha fortalecido la protección en favor de los derechos de las víctimas, reconociéndose en 1993 a nivel constitucional en México; y se ha trabajado en las necesidades de las víctimas de los delitos como seres humanos que se ven afectados física, emocional, psicológica, económica, social, familiarmente, entre otras.

Esta disciplina científica, permite que sus estudios específicos y enfocados en las víctimas, proponga y aplique tratamientos en búsqueda de restablecer la calidad de vida de las víctimas, salvaguardando sus derechos, de tal forma que se sientan protegidas y puedan recuperar su seguridad y participación en los roles sociales de su entorno.

Es importante señalar que gran parte de las víctimas no acude a denunciar los delitos cometidos en su contra por diversas causas, principalmente por la falta de confianza por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública, de la procuración de justicia y la impartición de justicia; sintiéndose vulnerables ante las circunstancias, y siendo revictimizadas por las acciones de las mismas autoridades.  

El Estado no puede conformarse con incrementar las sanciones que utiliza contra los delincuentes como paliativo para reducir la incidencia delictiva, y no debe limitarse a entender que el castigo o sanción que se da al delincuente mediante un proceso judicial, es la única solución para reparar el daño de las víctimas.

La victimología también pertenece al derecho penal por regular las conductas humanas en un contexto social, protegiendo bienes tutelados por la ley, determinando y clasificando conductas en delitos.

El Derecho Penal, se ha encargado de integrar en las normas y leyes mexicanas, la figura de Víctima, estableciendo sus derechos con base en sus necesidades, y a su sensibilidad de no contraponer los derechos de la víctima del delito a los del delincuente.

En la Ley General de Víctimas, se establece en su artículo primero que “La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”.

Si esta ley general establece y considera:

  • Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
  • Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
  • Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;
  • Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las victimas;
  • Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

 

¿Qué es lo que necesita el Estado mexicano para aplicar y llevar a cabo lo que expresa la Ley General de Víctimas?

Parcialmente requiere prevención del delito, y para fortalecer el proceso de recuperación de las víctimas se deben realizar investigaciones y estudios específicos por víctima, por delito, y llevar registros que permitan dar seguimiento hasta establecer sus resultados y conclusiones en favor de mejorar los programas y tratamientos que se establezcan en beneficio de la víctima.  

A manera de conclusión y de señalamiento de la obligación del Estado como sujeto regulador, quien se encarga de legislar y de ejercer el cumplimiento de sus leyes, debe ser quien dé solución pública a partir del ejercicio y cumplimiento de sus roles.

El Estado tiene la obligación de hacer política pública en favor de las víctimas. El Estado es responsable de brindar apoyo a la víctima y de llevar el proceso penal, teniendo el compromiso con la sociedad de tener un proceso judicial más efectivo y rápido para investigar, probar, litigar y juzgar. La víctima no debe ser una figura que reemplace al Estado por estar promoviendo e insistiendo en que se aplique el derecho: el Estado debe ampararla y protegerla como responsable de hacer justicia.

El estudio, la investigación, el análisis y el registro que realice el Estado permitirá trabajar la prevención para evitar que nuevos ciudadanos deban pasar por experiencias con la figura de víctimas.

 

Yair Canizalez

Investigador

Observatorio Nacional Ciudadano

@ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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