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Sistema Penitenciario en Sonora, ¿cómo estamos?, ¿a dónde queremos ir?

“El trabajo penitenciario es un verdadero apostolado” Adolfo Hernández Muñoz
07/02/2018
23:06
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En años recientes, el debate público en materia de seguridad se ha concentrado en el combate al crimen con mano dura y perspectiva inquisidora, no solo por las autoridades, sino por petición de gran parte de la sociedad que se siente cada vez más agraviada.

Quiero propiciar otro debate que es fundamental para garantizar la impartición de justicia: los sistemas penitenciarios, particularmente el de Sonora. ¿Cuál es la visión constitucional de estos centros?, ¿qué se busca con estos sistemas?, ¿solo están quienes rompieron las normas?, ¿es un lugar para salvaguardar la tranquilidad de la sociedad?

Para entender estos planteamientos, cito el Artículo 18 de la Constitución: “Solamente por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, el sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

La reinserción social en México no funciona, lo reflejan los índices delictivos que son de 60%, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto abre un profundo debate entre lo que son las prisiones y lo que deberían de ser para tener una mejor sociedad.

“La prisión es aterradora para cualquier persona que llega a compurgar una pena privativa de libertad; un visitante lo sabe de antemano, desea que transcurra lo más rápido posible para volver a su mundo habitual. La vida carcelaria es otro mundo, encierra entre sus muros, un espacio lleno de amargura, tristeza, impotencia, angustia, desesperación, lágrimas y muchos otros sentimientos que hacen que la vida en prisión sea un verdadero martirio”, señala Adolfo Hernández Muñoz en “Experiencias de un director de prisiones”. Esto quiere decir que la reinserción debería entenderse como que la persona privada queda de nuevo incorporada a la sociedad, pero ¿se cumple? 

En México, el término “reinserción” se introdujo en la Constitución hace menos de 10 años y, a diferencia de la readaptación que implica una visión del delincuente como “desadaptado”, el concepto de reinserción social ayuda a encauzar y tener al hombre dentro de la sociedad.

La población penitenciaria en México es de 233 469 personas a julio de 2016, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, publicado por la Secretaría de Gobernación. 188 842 (80.89%) responden al fuero común y 44 627 (19.11%) al fuero federal. En Sonora, los datos revelan que hasta julio 2016 en 13 centros penitenciarios había 9 512 personas privadas de su libertad.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la CNDH, durante 2016, evaluó el Sistema Penitenciario Nacional para verificar las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos, de conformidad con lo señalado en el artículo 6º, fracción XII de su ley. 

La calificación nacional de los Centros de Reinserción Social (ceresos) es 6.27. Considerando los indicadores del reporte, Sonora tiene una calificación de 6.03, y una variación con respecto a 2015, cuando obtuvo 6.37, es decir decreció 0.24. Entre los principales hallazgos en este diagnóstico nacional preocupa que el semáforo de indicadores está en rojo en el rubro III, referente a las condiciones de gobernabilidad en cinco centros visitados que son: Cereso de Ciudad Obregón; Cereso de Hermosillo I; Cereso de Hermosillo II; Cereso Femenil de Nogales; y Cereso Varonil de Nogales.

En este rubro de condiciones de gobernabilidad en 2015, el único centro penitenciario que estaba en el indicador amarillo era el Centro Femenil de Readaptación de Nogales, Sonora, que pasó a indicador rojo en 2016. Los centros penitenciarios en Sonora ocuparon el primer lugar en incidentes con 441, después de Nuevo León con 183, y Chihuahua con 95; los tipos de incidentes tienen que ver con riñas, homicidios, desordenes, abusos, suicidios y motines.

Otro aspecto que señala este diagnóstico es que en el Cereso de Ciudad Obregón hay sobrepoblación, hacinamiento, separación de hombres y mujeres, así como falta de condiciones adecuadas en atención médica, alimentación, falta de capacitación en el personal penitenciario, insuficiencia en personal de seguridad y custodia, entre otros.

La Ley Nacional de Ejecución de Sanciones señala que las personas privadas de la libertad tienen derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior en forma gratuita, y que la autoridad penitenciaria incentivará la enseñanza media superior y superior mediante convenios con instituciones educativas del sector público, con la validez correspondiente.

A los centros de reinserción social se les conoce como “universidades del crimen” por los problemas de corrupción y contaminación penitenciaria pues no alcanzan el objetivo de adaptar nuevamente al sujeto a la vida en libertad. En algunos casos los señalan también como otro espacio para aprender nuevas maneras de delinquir.

Los datos sobre la situación actual se encuentran disponibles no solamente desde la rigurosidad técnica, sino también en el sentido común. Pareciera que la estrategia para evitar crímenes es que las cárceles sean verdaderos infiernos para propagar la idea del terror, que, por cierto, las cifras de ingobernabilidad mostradas en Sonora demuestran que son espacios donde replican con mayor intensidad las prácticas que los pusieron ahí.

Parafraseando a Rodal y Quiñones en su libro Las Cárceles Mexicanas se pude decir que es necesario reestructurar y modificar la maquinaria de aplastamiento de la dignidad humana que es el sistema carcelario.

Pero sin detenernos en lo ya expuesto, me gustaría saber ¿cuáles son los esfuerzos para lograr la readaptación social en nuestro Estado?, la tarea de recomponer a criminales del fuero local se torna menos compleja que la batalla que el gobierno federal enfrentaría ahora. Los criminales por ocasión son muy diferentes a los criminales pasionales o por convicción, estos últimos con métodos sofisticados y que, al hacer uso de sus habilidades sociales, intelectuales y en muchos casos hasta carismáticas complicarían en gran medida crear un traje hecho a la medida de todos para buscar la reinserción social.

La falta de perspectiva de derechos humanos de quienes operan el Sistema Penitenciario en Sonora, a juzgar por las cifras, nos hace pensar que siguen viejas formas de un sistema que ya cambió o debería de cambiar. Para nutrir este comentario puedo poner sobre la mesa el Cereso Hermosillo I, donde se ha señalado la insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos. Estas aumentaron en los últimos en 2014 con 142 quejas contra 2015 con 149, y 2016 con 154 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aumentaron en 2016 y esperamos las cifras de 2017.

No podemos hablar de reinserción social cuando familiares e internos advierten que existe una deficiencia en la educación ya que, si bien existen planes de primaria y secundaria, para la preparatoria hay que pagar los exámenes al Instituto Sonorense de Educación para Adultos, sin que se tengan más datos sobre capacitaciones técnicas para el trabajo de forma certificada. Se desconoce de los esfuerzos para brindar acceso a la educación superior o metodologías que permitan abordar problemas psicológicos o sociales para la integración total a la sociedad una vez cumplidas las condenas.

Es de vital importancia generar condiciones para que las personas privadas de su libertad tengan acceso a la educación de acuerdo con su nivel y buscar que, cuando salgan, puedan ser ciudadanos en toda la definición de la palabra y se puedan integrar a la economía formal.

Emprender un rescate para romper el círculo vicioso de quienes en su dificultad para reintegrarse cometen los mismos errores, debe ser menester de un Sistema Estatal Penitenciario, o ¿me equivoco? ¿Por qué no buscamos la operatividad de los elementos de reinserción? ¿Por qué no damos un giro a la educación y al trabajo penitenciario?

Pareciese que nuestros políticos disfrutan hacer de todo menos lo que se necesita, hasta contradicciones inconcebibles que pueden verse como un chiste en un programa de humor negro. Hablamos de derechos humanos y la falta de perspectiva, modernidad, gobernabilidad, reinserción y un sinfín de detalles en nuestro Sistema Estatal Penitenciario y, de manera paradójica, nuestros legisladores recién nombraron al coordinador del mismo como ombudsman de los sonorenses. Además del voto de confianza a la persona para que cumpla con su función, ¿qué sigue en este debate?

Espero las provocaciones señaladas en este espacio generen un debate serio o por lo menos se convierta en una agenda, que desde el Observatorio Sonora por la Seguridad nos encontramos trabajando para buscar incidir más adelante.

 

Mtro. Manuel Emilio Hoyos Díaz.

Director del Observatorio Sonora por la Seguridad.

@EmilioHoyos777 @ObservSonoraSeg @SegUnaFormaVida

@ObsNalCiudadano

 

Bibliografía

(1) Villa y Caña, Pedro, “Reinserción social en México no ha funcionado: STPS”, periódico El Universalhttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/28/reinse..., revisado el 28 de junio de 2017

(2)“Transparencia focalizada”, Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación,  http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=247c41.

(3)  Hernández Bringas, Alejandro y Roldán Quiñones, Luis F., Las cárceles mexicanas, Editorial Grijalvo, México, 1998, p. 11.

(4) Comisión Estatal de Derechos Humanos, “Numeralia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, http://www.cedhsonora.org.mx/portal/numerales.php

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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