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Percepción de Inseguridad en Nuevo León, ¿un simple golpe político hacia las autoridades?

27/11/2017
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A pesar de que la idea hobbesiana del miedo como punto detonador de la construcción del Estado o Leviatán ha sido producto de controversias y críticas, es innegable que entre las tareas mínimas que espera la ciudadanía de un gobierno se encuentra el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Desde esta óptica, parece lógico y necesario el reclamo ciudadano hacia las autoridades ante la expansión de delitos y la violencia en el territorio; sin embargo, los gobernantes parecen vivir en una realidad alterna, donde constantemente brindan una interpretación política a las denuncias de inseguridad.

Es decir, a menudo la respuesta de las autoridades antes los señalamientos y peticiones para reforzar la seguridad es un discurso defensivo, donde se insinúa (o en ocasiones se afirma) que los quejosos son enemigos políticos del gobernante en turno que distorsionan la realidad para dañan la imagen pública del gobernante.

Ejemplo de ello son las más recientes declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, para quién parece improbable que las críticas y quejas hacia la Policía Federal y la Gendarmería Nacional provenga de los ciudadanos, por ende, los responsables son algunos sectores de la sociedad que se dedican a hacer “Bullying” para vulnerar a la actual administración federal (Resendiz, 2017).

En el caso de Nuevo León la fórmula nacional parece repetirse. De hecho, El gobernador Jaime Rodríguez, en la medida de lo posible, evita hablar sobre el repunte de la inseguridad, en otras ocasiones ha negado las estadísticas presentadas por el Observatorio Ciudadano de Nuevo León o los señalamientos de los medios de información, a pesar de que el mismo se basa en los datos reportados por la Procuraduría del estado (López & Maldonado, 2017).

Por su parte, los ediles de la zona metropolitana hacen lo propio al negar también que el fenómeno delictivo esté creciendo en sus respectivos municipios, culpando a los medios de comunicación de sembrar el miedo en la población y alegando que las cifras reales indican una clara mejoría en las estadísticas (Maldonado, 2017).

Cabe destacar que parte de este debate resurge cada seis meses, cuando los organismos intermedios dan a conocer los resultados semestrales del Pulso Metropolitano, estudio de percepción ciudadana elaborado por el Tecnológico de Monterrey, que tiene como fin conocer la opinión de los ciudadanos de la ZMM (Zona Metropolitana de Monterrey) respecto a la seguridad de su país, estado y municipio. El mismo, es realizado en 9 municipios de la ZMM con una aplicación de alrededor de 5 mil cuestionarios vía telefónica.

Frecuentemente, el instrumento es objetado por las autoridades por tratarse de un mero estudio de percepción; es decir, se minimiza el valor del instrumento por basarse en la opinión ciudadana y no en cifras reales (Abrego & Fernández, 2017).

Sin embargo, lo que las autoridades no mencionan es que las estadísticas oficiales se basan en las denuncias realizadas ante la Procuraduría, y que, de acuerdo con el estudio ENVIPE del INEGI, cerca del 93.7% de los delitos en el estado no son denunciados. De manera que, la cifra negra debe ser parte de la discusión al hablar sobre los índices de seguridad (INEGI, 2017).

Además, el Observatorio Nacional Ciudadano reportó en Junio de este año que, el estado de Nuevo León es el que más modificaciones ha realizado a las cifras que reporta al Secretariado Ejecutivo Nacional. Estas modificaciones incluyen 171 mil delitos no reportados entre 2010 y 2016 y que este año fueron ajustados. Es decir, que había 171 mil delitos que no habían sido reportados por las cifras oficiales y de los que no se tiene conocimiento de si fueron atendidos (Padilla, 2017)

Este par de ejemplos dejan en claro la relevancia de estudios de opinión que sirven como un termómetro para medir la realidad desde la óptica ciudadana; es decir, la que enfrentan los ciudadanos diariamente en las calles.

En este contexto, ha causado consternación en los medios de información, la IP y las OSC´s del Estado de Nuevo León los resultados del último estudio del Pulsómetro (levantado del 9 de septiembre al 18 de octubre), mismos que reportan un estancamiento respecto al tema de seguridad de acuerdo a la percepción ciudadana.

Es decir, los ciudadanos consideran que no ha mejorado la seguridad en el territorio y, además, no perciben que las autoridades estén realizando un verdadero esfuerzo para que la situación cambie (CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico, 2017).

De acuerdo con este estudio, en el AMM solo 1 de cada 10 habitantes dicen sentirse seguro de vivir en el estado de Nuevo León, mientras que solamente 2 de cada 10 ciudadanos expresa sentirse seguro de vivir en su municipio. Cabe destacar que desde abril de 2016 no ha existido una mejoría respecto a la percepción de seguridad en el estado, mientras que la tendencia respecto a la percepción de seguridad en los municipios ha tenido cambios poco significativos, pero en su mayoría negativos (CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico, 2017).

Por otra parte, el Pulsómetro también mide la confianza de los ciudadanos hacia las corporaciones policiacas. Las instituciones que presentaron una mejor evaluación fueron el Ejército y la Marina, a quienes el 53.4% y 58% de los entrevistados dijo tener “mucha confianza” (CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico, 2017).

Sin embargo, el nivel de confianza en Fuerza Civil (Policía Estatal) es mucho más bajo 15.6%; aspecto que resulta especialmente preocupante si se considera que en 2013 el 29.5% de los ciudadanos decían tenerle “mucha confianza” a esta corporación (CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico, 2017).

Pero los niveles más bajos de confianza los enfrentan las corporaciones municipales, pues solo el 6.7% de los ciudadanos dice tenerle “mucha confianza” a sus corporaciones policiales; es decir, que ni siquiera 1 de cada 10 ciudadanos de la ZMM confía significativamente en su policía municipal (CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico, 2017).

Aunado a esto, cabe resaltar que existen municipios como Santa Catarina, Apodaca y Juárez donde la mitad de sus ciudadanos dijo tener “nada de confianza” en sus policías municipales (CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico, 2017).

Además, solo 2 de cada 10 ciudadanos perciben a su alcalde “comprometido”, mientras que solo el 16.2% de los entrevistados considera que el Gobernador está comprometido con el tema (CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico, 2017).

 Otro estudio relevante presentado recientemente fue el Índice de Desarrollo Policial, evaluación realizada por la asociación Causa en Común, quien a través de un análisis de las cifras oficiales reportadas por el Gobierno del Estado dio a conocer que 281 operativos de Fuerza Civil no pasaron los exámenes de confianza y siguen laborando en esta organización, mientras que otros 331 elementos no han sido examinados; es decir que 622 elementos han incumplido con la ley en cuestión de certificación, cifra que equivale al 14.8% del Estado de Fuerza de la institución (Hernández, 2017)

Si bien la seguridad es un asunto de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, es innegable que las decisiones o falta de decisiones políticas impactan en la seguridad de un país o un estado.

Como ejemplo, puede mencionarse la indecisión respecto a la Ley de Seguridad Interior, misma que a pesar de ser un tema de debate recurrente entre académicos y autoridades no ha sido aprobada. En el mismo caso se encuentra la falta de decisión respecto a la posibilidad de aprobar un modelo policial uniforme para todas las policías del país (Mando Único) o con la aprobación de un modelo de características flexibles (Mando Mixto) o moldeables de acuerdo a la realidad del territorio.

En el caso de Nuevo León, también existen decisiones pendientes en materia de seguridad, como el cese de los elementos antes mencionado y la posibilidad de retomar el esquema a través del cual venía operando Fuerza Civil o reconfigurar este cuerpo policial.

Sin embargo, al no aceptar que existe fundamento del temor ciudadano a que la inseguridad alcance los niveles de 2011 y al trivializar las demandas de IP, OSC´s y ciudadanos en general, las autoridades están incurriendo en un acto de irresponsabilidad, pues no asumen estrategias que detonen en una clara mejoría de la seguridad.

 

Por Diana del Rosario Araiz Parra

Observatorio Ciudadano de Nuevo León

@ObservatorioNL @ObsNalCiudadano

 

Bibliografía

Abrego, M., & Fernández, M. (15 de Noviembre de 2017). Pese a Pulsómetro defienden trabajo en seguridad. El Horizonte.

CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico. (2017). Pulso Metropolitano de Seguridad. Monterrey, Nuevo León: CANACO, CAINTRA, CANADEVI, COPARMEX, INDEX y Consejo Cívico.

Hernández, A. (2017). Falla NL con bajas policiacas. El Norte. Obtenido de https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15fc5c8b2a17b3c0?projector=1

INEGI. (2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Principales resultados Nuevo León. México: INEGI.

López, C., & Maldonado, J. (22 de Febrero de 2017). Niega Bronco rebase de inseguridad a NL. El Provenir. Obtenido de http://elporvenir.mx/?content=noticia&id=20426

Maldonado, O. (15 de Noviembre de 2017). Alcalde culpa a medios por percepción de inseguridad. Milenio.

Padilla, J. (2 de Julio de 2017). La sospecha de ocultar delitos. Reporte Índigo. Obtenido de https://www.reporteindigo.com/reporte/incidencia-delictiva-monitoreo-obs...

Resendiz, F. (Noviembre de 2017). Hay sectores que hacen "bullying" a instituciones de seguridad: Peña Nieto. El Universal. Obtenido de http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nuevo-leon-estancado-en-materia...

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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