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¿Padece la seguridad la enfermedad de costos?

29/11/2017
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Hay dolencias, hay carencias. Algo no está funcionando adecuadamente. Hay enfermedades multifactoriales, pero la descomposición de cada elemento puede ser per se un gran descubrimiento.

Uno de los acertijos a resolver en materia de seguridad y justicia es por qué a pesar del incremento de 6% anual del gasto entre 2007 y 20161 seguimos sin observar claras mejoras de la situación sea esta percibida o medida a través de algún indicador cuantitativo como la tasa de homicidios dolosos o la prevalencia delictiva. Más allá de ahondar en las críticas tradicionales a las políticas y estrategias de seguridad vigentes, resulta pertinente plantear otras hipótesis que permitan descifrar este enigma.

Una teoría económica que podría explicar parte de este comportamiento fue propuesta por William Baumol en la década de los sesenta. Todo surgió a partir de la observación de las diferencias entre la productividad y los salarios de los músicos de cámara. Es bien sabido en la teoría económica, que el salario y la productividad están positivamente relacionados. Sin embargo, a pesar de que la productividad de los músicos no había crecido en absoluto, estos ganaban más en 1965 que 100 años atrás.

Baumol se preguntó a qué se debía este fenómeno y encontró que el crecimiento de la productividad de otros sectores como el manufacturero presionó a la alza el costo de la mano de obra en aquellas industrias intensivas en esta. Mientras que un trabajador manufacturero podía ensamblar más piezas por unidad de tiempo, los músicos de cámara no podían interpretar más sinfonías en la misma cantidad de tiempo. Es decir, la productividad no había cambiado en la música ya que la forma de tocar una pieza con un instrumento, digamos el violín, era la misma técnica desde hacía más de un siglo. Sin embargo, no sucedía así en otros sectores. Gracias a una mayor productividad, la industria manufacturera podía ofrecer bienes a un menor precio y pagar salarios más altos. Sin embargo, para los músicos de cámara esto significaba dos alternativas: mayor rotación laboral o incremento de precio de los conciertos.

Baumol investigó más a fondo esta primera intuición y formuló la teoría de la “enfermedad de costos”. Algunos sectores de la economía cuya productividad no puede crecer al mismo ritmo que el de otros sectores tenderán a desaparecer o en su defecto, los bienes y servicios de dicho sector se volverán muy costosos. Por lo tanto, los costos siempre crecerán independientemente de los efectos inflacionarios que exhiba la economía. Tal es el caso de los servicios educativos, los servicios de salud, los espectáculos, la policía e incluso los servicios de bomberos. En algunos países, una parte de los servicios previamente enunciados son provistos por el sector público, por lo que resulta inevitable cierta presión sobre las finanzas públicas toda vez que el ritmo de crecimiento de los costos de dichos sectores supere el ritmo de crecimiento de los ingresos gubernamentales.

Por lo tanto, nos preguntamos si la teoría de Baumol pudiese aplicarse en el sector de seguridad y justicia mexicano. Existen distintos elementos que hacen que los costos se disparen a una tasa mayor que la productividad. Entre ellos podemos enumerar los siguientes:

 

  1. Falta de innovaciones tecnológicas
  2. Escaso aumento del rendimiento de los factores

Las técnicas para investigar el crimen han avanzado significativamente en los últimos años. Pruebas periciales, químicas, biológicas y diversas técnicas en el área de inteligencia y análisis geoespacial se han desarrollado para dar seguimiento a los delitos e incluso asignar a las fuerzas policiacas donde estas serán más necesarias. Sin embargo, a nivel estatal parece que estas técnicas están lejos de ser adoptadas y los métodos de investigación continúan igual de rupestres que unas décadas atrás.

Apenas esta semana observamos a las mujeres que exigen justicia tras el feminicidio de sus hijas contando cómo fueron los procesos de investigación. Revelaron que al levantar las evidencias los peritos no contaban con instrumentos tan básicos como tiras de reactivos para tomar las muestras correspondientes. No sólo es que exista la tecnología que aumente la productividad, sino que ésta se utilice.

Las armas y el equipo con los que cuentan muchas policías municipales son obsoletas. En muchas ocasiones, los peritos ligados a las procuradurías y fiscalías carecen de medios tecnológicos para probar hipótesis. En tanto, algunas organizaciones criminales han llevado la sofisticación de sus acciones a niveles insólitos mediante el uso de criptomonedas, ensamble de vehículos especializados, adquisición de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otras.

Es decir, la tecnología que el Estado está aplicando para el combate del crimen a nivel municipal y estatal (algunas entidades) se puede equiparar a aquél de décadas anteriores. No obstante, a nivel federal encontramos inversiones y avances de la tecnología empleada para estos fines. Por ejemplo, Plataforma México se ha consolidado como un sistema de información de vanguardia que consta de diversas bases de datos y aplicaciones tecnológicas que permiten una mayor coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Por otro lado, ¿qué ha sucedido con el rendimiento de los factores? Es decir, ¿se ha podido mejorar y disminuir el tiempo y esfuerzo en la captura de criminales? O como los músicos, ¿nos toma el mismo tiempo realizar los trabajos de seguridad que hace unos años? Las investigaciones son lentas, los procesos que marca la normatividad anclan en ocasiones los avances. Amén de otros problemas que generan retrasos, parece ser que el modus operandi de las corporaciones de seguridad no ha aumentado significativamente su productividad.

El aumento de costos no necesariamente viene por el lado de los salarios. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Gobernación publicadas este lunes, 372 935 policías cobran en las secretarías de Seguridad estatales o municipales en las 32 entidades del país. De estos, 40% gana menos de diez mil pesos al mes. Solo 4.3% de los policías recibe más de 16 mil 627 pesos al mes. Además, se desconocen las percepciones salariales de 44.8% del personal. Esta evidencia contrasta con los datos de la Policía Federal pues en esta institución, tanto el salario como la cantidad de policías han aumentado desde 2010.

Para diagnosticar la enfermedad de costos de Baumol es necesario examinar la evolución del gasto público ejercido en la materia. Como se indicó en la primera sección, a nivel global este creció a un ritmo anual de 6% tras pasar de 145 a 260 mil millones de pesos entre 2007 y 2016. Sin embargo, al desagregar por subfunción del gasto se aprecia como algunos componentes aportan más a dicho crecimiento.

 


Gráfica 1
Elaboración propia a partir de datos de la cuenta pública de la SHCP. Base 2016

 

En la Gráfica 1, se observa que el 75% del gasto se concentró en Defensa (27%), Impartición de Justicia (24%), Policía (14%) y Marina (10%). Esto se explica por el tipo de estrategia de seguridad auspiciada por el gobierno federal la cual no ha rendido los frutos esperados y solo ha significado una expansión del gasto público altamente sesgada hacia ciertas subfunciones.

Otro dato a destacar es el drástico crecimiento del gasto en reclusión y readaptación social el cual se aproximó a las erogaciones de la Marina en 2016. Cabe puntualizar que esta subfunción creció a una tasa media anual de 24.2% de tal suerte que superó el gasto público de procuración de justicia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de 2015.

En tercer lugar, resalta el bajo crecimiento del gasto en procuración de justicia pues este aumentó a una tasa media anual de 3.1%, es decir, casi 3% menos que el gasto total. En este sentido, debemos recordar que todo el aparato de justicia sobrellevó un proceso de transformación drástico al transitar hacia el sistema de justicia penal acusatorio por lo que, en teoría, debería haber demandado más recursos para acelerar su implementación y consolidación en las entidades federativas.

Por último, la evidencia apunta a que la seguridad y la justicia en México vistas como servicios públicos posiblemente padecen cierto grado de la enfermedad de costos. Si el diagnóstico es correcto, resulta inevitable que el gasto público incremente. Pero en el caso de los músicos, esta enfermedad significaba una disyuntiva: buscar otro empleo o subir el precio de los conciertos para costear los efectos de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta disyuntiva en el sector de la seguridad y la justicia? Consideramos que una posibilidad es menor calidad de los servicios públicos (p. ej. mayores tiempos de espera) y un desempeño pobre de las instituciones (p. ej. altos índices de impunidad).

Si la productividad de los factores está estancada y los costos de la seguridad pública y la justicia han aumentado significativamente entre 2007 y 2016, ¿cómo podríamos curar esta enfermedad? Baumol sugiere que hay dos opciones: surgen actividades sustitutas o las que existen, experimentan drásticas innovaciones. En la práctica, ambas opciones están ocurriendo aunque a un ritmo dispar. La aplicación de justicia por propia mano, la contratación de seguridad privada por quienes pueden pagarla son algunos ejemplos de la primera alternativa. En contraste, las innovaciones en el sector público están concentradas en las instituciones de mayor nivel como la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal. Mientras el resto de instituciones esté ajeno al papel de la innovación, podemos estar seguros de que la enfermedad de costos solo empeorará en detrimento de todos.

Grisel Ayllón @GriAyllon
Profesora investigadora del ITESM

Manuel Vélez @VelezManuel @ObsNalCiudadano
Coordinador de Estudios Especiales del Observatorio Nacional Ciudadano

 

1 Basado en cálculos propios (tasa media de crecimiento anual) a partir de la cuenta pública del gobierno. Integra las funciones de Orden, justicia y seguridad y de Soberanía y Seguridad Nacional (2007-2011) así como las funciones de Asuntos de orden público y Seguridad Interior, Seguridad Nacional y Justicia (2012-2016). Base 2016. Se utilizó el deflactor implícito del PIB.
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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