Una de las áreas en donde se han enfocado importantes recursos para enfrentar la inseguridad y violencia es la policía, su incremento en número y capacitación en los últimos años así lo demuestra. Sin embargo, estas mejoras cuantitativas resultan insuficientes para reducir la incidencia delictiva y mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia estos cuerpos de seguridad. A partir de esto, resulta pertinente evaluar los insumos y resultados esperados en el quehacer policial.

La explicación a las fuentes de la inseguridad y la violencia son muy diversas. Por ejemplo, hay quienes sostienen como modelo explicativo que las condiciones de inseguridad se deben a la pobreza generalizada de un territorio; hay otras propuestas que aseguran que la desigualdad es la variable explicativa central; otras apelan a los entornos físicos como promotores más importantes de las conductas delictivas; otras, por su parte, señalan que la debilidad institucional; en fin, hay toda serie de explicación al fenómeno.

A pesar de contar con estos recursos explicativos, la mayoría de las autoridades en México y algunos grupos ciudadanos, interpretan y expresan, a través de sus discursos y acciones, que la forma más eficaz para combatir la criminalidad es aumentando su capacidad de fuerza para responder (o inhibir) a la criminalidad. De esta forma, no resulta extraño que, en los últimos años, los esfuerzos gubernamentales y sociales han confluido para conformar una política de seguridad caracterizada por incrementar la proporción de efectivos policiales, su equipamiento, mayores recursos tecnológicos, capacitación, etc.

Por ejemplo, de acuerdo a cifras del INEGI, el número de policías estatales en todo el país aumentaron en 130% entre 2012 y 2017, pasando de 95,066 a 218,649 efectivos. A nivel estatal estos incrementos son aun más drásticos, el cuerpo policial de la Ciudad de México creció, en ese mismo periodo, a razón de 157% (INEGI 2012 y 2017).

En lo que respecta a su capacitación y profesionalización, los números muestran avances, lo que implicaría una mejora en la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública. A nivel nacional, en el periodo 2012-2017, los miembros de las policías estatales con licenciatura aumentaron en 419% al pasar de 4244 a 22 019, aunque su proporción total bajó en relación al total de miembros. En el caso de la Ciudad de México el aumento en 105% (INEGI, 2012 y 2017).

Si bien, en teoría, hay mayores capacidades policiales del Estado, los índices delictivos y la percepción de inseguridad van en dirección contraria. Recordemos, que en términos objetivos el 2017 representó el año más violento de los últimos 20 años a nivel nacional, con una tasa de 20.5 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. A escala local tampoco hubo mejora, pues hay territorios municipales en donde los delitos patrimoniales y la violencia registran niveles históricos, por ejemplo, la Delegación Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, concluyó en 2017 con una tasa de 21.64 homicidios dolosos, indicador mayor al comportamiento nacional de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En lo que refiere a la confianza en la policía tampoco se ha mejorado. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Victimización sobre Percepción de Seguridad (ENVIPE), en 2012 el 16.7% de las personas del país, mayores de 18 años, tenía nada de confianza en los policías estatales, mientras que en 2017 el 17.3% expresó tener mucha desconfianza. En el caso de la Ciudad de México, estos indicadores muestran que, en 2012 el 22% tenía nada de confianza en la policía estatal, mientras en 2017 el 24.1 expresaba mucha desconfianza.

Así, este breve análisis muestra que no es suficiente mayor número de efectivos en las labores policiales. La simple presencia de policías mejor capacitados y equipados no garantiza la reducción del delito y la violencia y mucho menos para prevenirlo. Entonces si los esfuerzos son insuficientes ¿Cómo promover que esta mayor corpulencia del Estado se manifieste en una mejora de las condiciones de seguridad?

Encontrar una respuesta para aumentar la efectividad y confianza en las policías en ningún sentido es sencillo, sobre todo si tomamos en cuenta que de manera cotidiana tenemos conocimiento que algunos cuerpos policiacos son también participes en delitos mayores, a saber, desaparición forzada, ejecuciones, robos con violencia, etc.

Entonces, la acción de seguir aumentando la cantidad y capacitación de los policías ya no es suficiente, tal vez es pertinente evaluar cualitativamente los productos y resultados invertidos para el mejoramiento del quehacer policial. Es decir, por el lado de los producto -o insumos- requerimos comenzar a cuestionar si el personal incorporado a las filas policiales son los adecuados, lo que se traducen en debatir las características de las pruebas establecidas para la incorporación; también,  es urgente determinar si el equipamiento se adecua a los resultados esperados por la política de seguridad; asimismo, es importante cuestionarse si el tipo de adiestramiento que están recibiendo el personal corresponde a las formas en que se manifiesta el fenómeno delictivo.  Del lado de los resultados, es fundamental reflexionar sobre la oportunidad de buscar otros impactos y dejar de limitarse en pensar que la mera contención y reacción al delito es una medida suficiente para evaluar los resultados de las policías. Así pues, es un momento coyuntural para considerar seriamente en buscar resultados que busquen la prevención del delito desde el quehacer policial.

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel

@ObsNalciudadano

Fuentes:

ENVIPE (2012) [Internet] Disponible en: [Consultado el 18 de marzo de 2018].

ENVIPE (2017) [Internet] Disponible en: [Consultado el 18 de marzo de 2018].

INEGI (2012) [Internet] Disponible en: el 18 de marzo de 2018].

INEGI (2017) [Internet] Disponible en: [Consultado el 18 de marzo de 2018].

SESNSP (2018). “Incidencia Delictiva del Fuero Común” [Internet] Disponible en:  [Consultado el 18 de marzo de 2018].

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