¿México en paz?

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“México en paz” ¿cuándo? y, sobre todo, ¿cómo?

10/09/2018
00:02
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“México en Paz”: el reto de todas las administraciones ya desde hace años.

En este último sexenio, la estrategia de seguridad fue caracterizada por cuatros líneas de acción: 1) mejorar la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno; 2) fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones policiacas; 3) uso intensivo de sistemas de inteligencia, y; 4) la prevención social de la violencia y del delito.

Cuáles de éstas se hayan concretamente cumplido, sigue siendo muy vago. Lo seguro, a pesar de todos los “esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia” (Sexto Informe, pag. 53[1]), la estrategia ha tenido resultados que, eufemísticamente, se pueden decir “diferenciados”.

Los datos son claros: 2017 ha sido el año más violento en los último 20, con 80 asesinatos por día, casi 700 feminicidios, un aproximado de más de 40,000 personas que siguen desaparecidas, y un número crítico de denuncias presentadas por violencia intrafamiliar: más de 400,000.

A lo largo de estos años, en su Informe el Presidente ha destacado como se ha trabajado en conjunto con el Consejo de Nacional de Seguridad Pública, el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad pública. Sin embargo, ante la urgencia de los temas mencionados, este órgano consultivo no ha sesionado desde diciembre del año pasado: no cabe duda que, siendo que el país sigue enfrentando retos consistentes en la materia, garantizar su participación efectiva y constante en la toma de decisiones, y que pueda proponer estrategias efectivas para la mejora de las condiciones reales de las y los mexicanos, debería de ser una necesidad imperativa e incontrovertible de cada administración.

De acuerdo al Informe, se destaca la expedición de la Ley de Seguridad Interior como uno de los logros de esta administración (pag. 61): sin embargo, fue una iniciativa criticada tanto por organismos de la Sociedad Civil y ciudadanos, como por organismos internacionales especialistas en derechos humanos. El mensaje clave y uniforme entre todos los actores fue claro: la guerra no es la solución; el país no quiere una nueva militarización.

Más allá del informe de gobierno, la realidad es que México en este momento enfrenta una situación complicada: sus índices delictivos hablan de un país que vive una profunda crisis de derechos humanos, con dificultades evidentes de relación entre las fuerzas de seguridad pública y los ciudadanos.

No es un misterio que la gente perciba a las fuerzas de seguridad pública como una componente del miedo y de la inseguridad: si bien se puede destacar como logro la creación de las fuerzas de policía de proximidad, la percepción de la ciudadanía hacia este cuerpo de alta cercanía sigue siendo muy conflictivo, con una confianza lejos de ser alcanzada a pleno.

 

Por lo general, es la misma estrategia de seguridad que no porta a resultados.

Se ha observado tristemente durante los años: sacar los militares a la calle ni reduce la tasa delictiva, ni aumenta la percepción de seguridad de la ciudadanía. La historia reciente nos respalda: el utilizo de fuerzas militares en actividades policiacas no puede llevar a alguna forma de resultados, siendo que de forma comprobable no se fomenta la confianza de la población en las fuerzas de policía, y se generan condiciones peores a aquella de partida.

De acuerdo a algunos, la implementación de tales medidas representa la derrota del Estado de Derecho; el desplome de la pública autoridad ante una necesidad de seguridad por la cual se utilizan medidas desproporcionadas e inefectivas.

¿Qué hacer? Seguramente, la cuestión de la seguridad nacional (en sus dimensiones internas, y externas) va a ser un reto para el Presidente Electo: los foros de paz y reconciliación pueden ser un inicio, por cierto, para que mínimamente se garantice la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Sin embargo, esto no es suficiente.

Sobre todo, la cuestión resulta ser sí el neo presidente electo decida o menos remover los militares de las calles: sus declaraciones no fueron congruentes entre sí – es un hecho – así que habrá que verse que se hará en los primeros meses de gobierno, en 2019. En el país hay ejemplos locales virtuosos, que muestran algunas buenas prácticas: algunas entidades federativas se han convertido desde las más conflictivas, a estar entre las más seguras, con índices de violencia disminuidos de forma relevante.

Sin embargo, a pesar de algunos avances, ningún Estado puede definitivamente decirse “en paz, inclusive Estados que han mostrado los índices de cambio más altos (entre estos, el Estado de Coahuila): la realidad muestra un sistema frágil, que se rige a partir de una criminalidad organizada sopita, en un contexto ciudadano que generalmente está alerta y atento, como en espera de volver al incubo de hace algunos años.

En efecto, México necesita que se reconstruya un Estado de Derecho: un espacio donde la ciudadanía retome lo que el filósofo británico padre del liberalismo clásico, John Locke, denominaría el “pacto social”, donde la democracia sea de verdad representativa, y donde las y los mexicanos puedan, con toda confianza, acercarse a la autoridad para que sus propios derechos sean exigibles, y se sepa que se está actuando para el bienestar público.

La realidad es triste: la vinculación entre los diferentes actores partes del sistema de seguridad pública e impartición de justicia es tenue y frágil, los servidores públicos carecen en muchos casos de capacidades técnicas y teóricas suficientes, y por lo general no existe confianza en la fuerza pública.

 

Lo que las estadísticas no dicen, la población lo refiere.

México tiene que ser ayudado a levantarse de nuevo: el hecho de que la victoria electoral haya sido tan contundente, y que la composición parlamentaria sea tan evidentemente polarizada, es una oportunidad, y sin embargo un reto para la nueva administración: ya no hay excusas. Si las cosas se quieren hacer, ahora existe un contexto de los más favorables para no fallar.

Queremos seguridad sin guerra. Queremos un México confiable, en paz y en armonía.

Queremos lo que nos merecemos. Y queremos participar en ello.

 

Alessio Mirra

Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C

@alessiomirra1 @CCICoah. @ObsNalCiudadano

 

[1] https://www.gob.mx/presidencia/articulos/sexto-informe-de-gobierno-173378

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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