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La videovigilancia, el congresista y el celular

24/11/2017
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Una mañana de noviembre en el Congreso de la Unión un reportero tomó la mala decisión de robar el celular y una tarjeta bancaria al coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México. Según la narrativa del congresista, esto ocurrió durante el llamado "chacaleo" en el que se da entrevistas a los medios de comunicación, y ahí entre un gran número de personas y en pleno recinto legislativo ocurrió el hurto.

El diputado se percató de la ausencia de sus pertenencias y lo primero que hizo fue activar la app de búsqueda de su celular, lo que le permitió darse cuenta de que el aparato ya estaba apagado e inmediatamente solicitó el acceso a los videos registrados en las cámaras de videovigilancia. 

A partir de las imágenes de los vídeos pudieron darse cuenta de quien había sido el responsable del robo, y sin más preámbulos se dirigieron hacia esa persona quien no tuvo más remedio que aceptar su mala acción y regresar las pertenencias al legislador.

Esta historia tiene varias aristas de análisis importantes. La primera de ellas es que la videovigilancia sí funciona, en este caso el diputado pudo acceder oportunamente a la información que le permitió recuperar con cierta celeridad lo robado. Además es altamente probable que quienes conozcan de esta noticia y tengan la intención de cometer un robo o cualquier otro delito en el recinto legislativo serán disuadidos ante el temor de ser descubiertos, o cuando menos tendrán que actuar racionalmente y hacer un cálculo respecto a la vigilancia que de manera permanente ofrecen las cámaras.

También muestra que acceder a las cámaras de videovigilancia no debería ser un procedimiento complicado y que tal cual cómo ocurrió con el legislador cualquier ciudadano debería tener acceso a las imágenes que se registran en las más de 15,000 cámaras que están instaladas en la Ciudad de México, que son públicas y que además se pagan con los recursos de todos los capitalinos.

Cualquier ciudadano debería tener la certeza de que no se necesita ser diputado, senador o gobernador, para que las autoridades le permitan el acceso oportuno a las imágenes registradas en las cámaras de videovigilancia cuando ha sido víctima del delito, esto en muchos casos permitiría esclarecer situaciones en los que las personas han perdido más que un celular, siendo víctimas de robo de auto, a casa habitación, a transeúnte, e incluso han perdido la libertad por un secuestro, o la vida por un homicidio.

Las cámaras que están instaladas en la ciudad, sobre todo las que son públicas, tienen que garantizar que un delito registrado no quedará impune, y que además están vigilando de manera permanente para que las personas puedan transitar tranquilas y en paz.

Debemos insistir en que las cámaras de videovigilancia sean útiles para todos los ciudadanos, porque se ha demostrado que tienen un alto potencial para la prevención del crimen y para la procuración de justicia. Ya no queremos más historias lamentables, ni  escuchar relatos en los que se les impidió el acceso los vídeos a las víctimas de delitos de alto impacto, bajo el argumento de que la cámara no estaba funcionando.

Por cierto, regresando a la historia principal del congresista. De acuerdo a sus declaraciones, decidió no hacer una denuncia por el robo, argumentando que basta con la vergüenza propia de esa persona, de quien incluso ni siquiera reveló el nombre. ¡Un caso más a la enorme cifra negra que aqueja a este país!

Aprovechando el espacio y la referencia al tema de la videovigilancia, les recomiendo la exposición del artista visual Rodrigo Olvera titulada "Cómo ver sin ser visto". Esta se encuentra en el Museo de Arte Carrillo Gil y de acuerdo a Liliana Quintero es "un recordatorio de que las ciudades contemporáneas están desbordas de cámaras de vigilancia".

 

Lucía Carmina Jasso López

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Doctora en Políticas Públicas

@CarminaJasso @ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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