En la Ciudad de México los delitos patrimoniales y los homicidios han venido en aumento, sobre todo en los últimos años. A pesar de que las autoridades y los propios ciudadanos han puesto en marcha programas y acciones para evitarlo, estos han sido poco efectivos para hacerle frente al incremento del riesgo de la inseguridad y la violencia. En este contexto, debemos plantearnos si una mayor participación ciudadana pudiera aumentar las capacidades de respuesta ante estos tipos de riesgos.

De acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la inseguridad y la violencia homicida ha venido en aumento en los últimos años en la capital del país. Por ejemplo, en lo que refiere a los homicidios dolosos en el 2006 durante el periodo enero-octubre perdieron la vida 521 personas a causa de acciones intencionales, para el mismo periodo, pero de 2017 este número aumentó a 905, lo cual significa un aumento de 73.7%. En lo que refiere a robo a transeúnte, el delito pasó de 16 849 a 18 798 es decir un aumento de 11.57%. En el caso de robo a casa habitación, en este mismo periodo, presentó un alza de 24.88%.

Estos aumentos se han presentado a pesar de que distintas administraciones del gobierno de la Ciudad de México y los propios ciudadanos han emprendido acciones para reducir la intensidad y frecuencia de las actividades delictivas. El aumento del número de efectivos policiacos, la multiplicación del número de cámaras de vigilancia, aumento de las penas para los infractores, reforzamiento de las medidas de seguridad en los hogares, contratación de servicios de seguridad privada, etc. son ejemplos de las medidas, las cuales en su mayoría están enfocadas a reaccionar ante el fenómeno social.

Es posible que la falta de eficacia de las medidas resilientes ante la inseguridad y violencia se deba a que actores gubernamentales y sociales de esta ciudad están atacando las expresiones manifiestas del problema sin ir a las condiciones estructurales que lo generan. De esta forma se están invirtiendo recursos públicos y privados que podrían dirigirse a acciones que reduzcan la posibilidad de riesgo como, por ejemplo, mejorar las condiciones materiales de la población con el fin de reducir la brecha de desigualdad.

Frente a la ineficacia de las medidas adoptadas podríamos esperar que abrir mayores espacios a la participación ciudadana pudieran funcionar como una alternativa para encontrar las causas del fenómeno y así mejorar la seguridad y las relaciones de convivencia. Sin embargo, habría que cuestionarnos si algunos de estos mecanismos de participación pueden solucionar de una vez por todas el problema. Algunas experiencias muestran que ciertos ejercicios de participación no son del todo suficientes.

Al realizar un análisis general de los resultados de la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo de la Ciudad de México encontramos que, del total de propuestas en 2015, el 17.7% se enfocaron al rubro que se denomina “prevención del delito”, de las cuales en su gran mayoría se enfocaron a proponer medidas reactivas o de inhibición de las conductas delictivas, es decir, instalación de videocámaras de vigilancia, construcción de módulos de vigilancia, instalación de luminarias y colocación de alarmas vecinales. Son casos excepcionales en donde las propuestas se dirigen a otro tipo de acciones. Así pues, lo que podemos observar es que este tipo de mecanismo tiene limitaciones muy importantes para generar una política de seguridad enfocada a la prevención.

Pero antes de desechar los espacios de participación ciudadana como una alternativa para encontrar soluciones efectivas para enfrentar el riesgo provocado por la inseguridad y violencia, es necesario pensar en otros mecanismos de participación, en donde no solo al ciudadano se le consulte y se le establezcan los parámetros de lo que se puede proponer como una medida frente a la inseguridad y violencia de la urbe.

Desde nuestro punto de vista, lo que se le debe agregar a estos instrumentos son espacios de diálogo entre todos los actores que coexisten y conviven en la ciudad, espacios en donde la ciudadanía y gobierno reflexionen en relación a esas causas que están promoviendo que la ciudad esté dejando de ser la burbuja de seguridad que hace algunos años se presumió. Espacios de comunicación bilaterales, para diseñar políticas públicas que abandonen el supuesto de que la inseguridad es la causa de la inseguridad.

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel @ObsNalciudadano

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