Importancia de la investigación jurídico penal

La percepción social que tiene cada persona es diversa, considerando que los intereses, las experiencias, los medios sociales, ambientales y económicas son diferentes; motivo por el cual, para explicar una realidad social, es importante realizar una investigación; ya que es la única forma de obtener resultados y/o explicaciones veraces para transformar y mejorar los roles sociales.

Conforme a lo anterior, el Derecho Penal no se mantiene ajeno a este proceso de investigación, ya que éste le permite mejorar las condiciones de funcionamiento en beneficio de la sociedad.

En los último 10 años hemos tenido diversos cambios en nuestras leyes, por ejemplo, las más representativas a nivel constitucional han sido las del año 2008, donde precisan cambios al sistema penal mexicano, con 10 iniciativas aprobadas en el Congreso, relacionadas con temas de seguridad pública y prevención del delito, la procuración de justicia con el trabajo de ministerios públicos, policías y peritos, impartición de justicia a través de los tribunales locales y federales,  y jueces llevando a cabo el proceso penal apegado a derecho.

La reforma del año 2011, modifica la relación entre el Estado y la sociedad, prevaleciendo la dignidad y el cuidado de las personas a través de los derechos humanos.

Asimismo, se han creado leyes como por ejemplo, en noviembre del año 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que tiene como fin establecer las reglas de cómo trabajar en coordinación entre las autoridades del país, para buscar y encontrar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos que se puedan vincular a estos.

Por ejemplo, también se creó la Ley de Seguridad Interior en diciembre del año 2017, con el fin de salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Dicha ley comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional.

Los cuatro ejemplos anteriores nos sirven para hacer representativo el ejemplo de por qué es importante la investigación jurídico penal.

Sin interponer criterios sobre si son funcionales para nuestra sociedad o no lo son; ya que estas reformas y estas leyes con las que ejemplifiqué, tienen aplicación en todo el territorio nacional.

La investigación en materia de Derecho Penal, produce conocimientos que son prácticos y cotidianos en la vida de las personas, de los mexicanos y mexicanas, sin importar intereses, las experiencias, los medios sociales, ambientales y económicos, ya que ésta se basa principalmente en regular la forma en que el Estado va a intervenir y sancionar a las personas que causen afección a otras, y a través de reglas y/o normas va direccionar la conducta de las personas.

Retomando el tema de la investigación en el Derecho Penal, primeramente, es localizable el problema y a través de un análisis de las leyes y/o normas penales, emitir posibles soluciones que apliquen al problema que aqueja a un determinado sector social.

Es importante precisar que las leyes tienen competencia, es decir, si se comete un delito de robo constantemente a la población en Sonora, y al momento de que tenga o tengan que ser sancionadas las personas que causaron afecciones, tendrán que utilizar las leyes de Sonora únicamente.

Ahora bien, las investigaciones jurídicas, no sólo aplican para crear o modificar las leyes, sino también para llevar a cabo el proceso, retomando el ejemplo de la reforma constitucional del año 2008, que fue la que preparó a toda la nación mexicana y dio tiempo de ocho años a sus 32 entidades federativas para transformar su sistema penal en un proceso penal acusatorio y oral.

Para poder llegar a este cambio se requirió una investigación, el problema que frecuentemente se presenciaba en el anterior sistema era la corrupción e irregularidades en el proceso penal, por lo tanto, una solución a esta problemática se reformó la forma de llevar procesos penales, y esto permitió que a través del Sistema Acusatorio y Oral se observen principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Por lo tanto, queda sentado que de una investigación y un estudio de las leyes y/o normas jurídicas, se propone una solución y después de un plazo se ejecuta una acción para dar solución al problema que aqueja a un sector social.

Otros procesos más visibles a la sociedad son los procesos que se llevan cabo en las fiscalías, agencias y/o unidades de procuración de justicia, donde a través de una investigación del particular que denuncia ante un Ministerio Público, tiene que dar datos y/o elementos que conoció por determinadas circunstancias; posteriormente el Agente del Ministerio Público continuará las investigaciones para dar solución a un problema; o viceversa, un abogado particular recibe la información que tiene una persona detenida por creerse que es culpable, de igual forma requiere investigación para dar solución al problema de la persona detenida.

En el ejemplo anterior es nuevamente evidenciable que a partir de un problema ya sea como Ministerio Público o como detenido, se requiere un problema para iniciar una investigación en búsqueda de una solución; y se requiere la legislación penal de la localidad para poder dar o no, solución al problema.

Este artículo deja claro que la investigación jurídico penal es compleja y relevante para mejorar la calidad de vida en las sociedades, ya que a partir de ellas se crean leyes o reformas que mejoran el funcionamiento de sus Instituciones de Seguridad Pública, Instituciones de impartición de Justicia y las Instituciones encargadas de Procurar la Justicia mexicana.

Yair Canizales

Investigador

Observatorio Nacional Ciudadano

@ObsNalCiudadano