Es indudable que la vida en la Ciudad de México no se puede entender sin el efecto social y económico que los municipios conurbados del Estado de México tienen en ella. Con datos de 2015, cada día más de un millón trescientos mil personas que viven en esta entidad se trasladaban a la Ciudad para estudiar o trabajar en ella, esto equivale aproximadamente al 15% de la población de la CDMX. Hay zonas en que las fronteras entre la delegación Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan son imperceptibles, mismo caso para calles de colonias entre la delegación Miguel Hidalgo y Naucalpan.

Los mexiquenses y los chilangos comparten más que embotellamientos y contaminación, trabajo y educación, la vida social entre ambas entidades parece que ya no entiende de aquella lejana frontera conocida como (el extinto) Toreo de Cuatro Caminos. El hecho de que al día de hoy no exista ninguna política de seguridad metropolitana, que entienda que la dinámica social, los factores de riesgo, las causas y consecuencias del delito entre municipios y delegaciones son compartidas, es por decir lo menos, de sorprender.

Si aún no se han dado cuenta las autoridades de ambas entidades, la CDMX y el EDOMEX comparten los primeros lugares a nivel nacional de delitos como robo con violencia y robo a transeúnte, esto debería ser suficiente para emprender, por lo menos, una estrategia para desarrollar un diagnostico conjunto para entender cuáles son las correlaciones geográficas, temporales y sociales y a partir de ellas acciones de prevención y reducción de ambos delitos.

Mientras el modelo policial siga siendo de reacción y persecución y no de prevención y de generación de políticas orientadas a la solución problemas, mientras las policías de investigación de ambas entidades sólo puedan investigar a partir de casos individuales será prácticamente imposible que existan políticas metropolitanas de seguridad. No necesitamos que se cambien los mandos, ni que se aumente el número de patrullas en la calle, mientras no existan políticas conjuntas a partir de evidencia y diagnósticos, hay evidencia para afirmar que los problemas de violencia e inseguridad en la zona conurbada, no solo no disminuirán, si no aumentarán.

Por lo tanto desde el OCMX creemos que es necesario que:

1. Se inicie la discusión sobre qué modelo de Policía de Investigación queremos. A la fecha, toda la discusión sobre mandos únicos o mixtos, sobre desarrollo policial y sobre mejora en las capacidades y calidad de la policía se ha centrado en las policías “preventivas”. Poco se ha hablado del papel crucial que juegan las de investigación.

2. Que se creen diagnósticos especializados basados en evidencia para la prevención y reducción de delitos en específicos en la Zona metropolitana  con especialistas de ambos gobiernos. Ninguna política pública es eficaz si no está basada en un diagnóstico clave que permita entender el comportamiento criminal de cada delito en específico.

Ambos puntos son necesarios. A partir de esas dos primeras acciones podremos comenzar a ver una hija de ruta para reducir la percepción de inseguridad y la magnitud de la incidencia delictiva en ambas entidades. Mientras tanto los habitantes de la zona metropolitana del

Valle de México solo podremos soñar con un entorno más seguro.

Leonel Fernández Novelo

Observatorio de la Ciudad de México

@ObsNalCiudadano

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