Extorsión y crecimiento económico: entre los datos y la teoría

Sin temor a equivocarme, estoy seguro de que todos o casi todos hemos recibido llamadas de extorsión telefónica o conocemos a alguien que ha estado en esta situación. Las variantes son múltiples ya sea que finjan la voz de un familiar secuestrado o que se le haga creer a la víctima alguna historia de un supuesto comandante de la policía o que al teléfono alguien llore. En otras latitudes del país, las historias de cobro de piso son también frecuentes. Comandos armados que llegan a un negocio para exigir un pago periódico (y posiblemente creciente) por el derecho a operar. Si los dueños no acceden, el ejercicio de la violencia puede manifestarse de múltiples formas lo cual los obliga a cerrar sus negocios o incluso a abandonar sus hogares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE) la extorsión fue el segundo delito con mayor tasa de incidencia (8 945) y el tercero con mayor tasa de prevalencia (7 137) por cada cien mil habitantes a nivel nacional en 2016. La encuesta estima que de los 7.5 millones de extorsiones, 74% ocurrió en casa, 12.6% en el trabajo, 8.2% en la calle, 1.8% en un lugar público y 1.3% en un negocio o establecimiento.

Otros datos de la encuesta señalan que 5 de cada 10 extorsiones ocurrieron por la tarde (entre las 12 y 18 horas) y 3 de cada 10 ocurren por la mañana (entre las 6 y 11 horas). Adicionalmente, refiere que en aquellos delitos donde la víctima estuvo presente, 9 de cada 10 extorsiones fueron cometidas por desconocidos.

El comportamiento reciente de la incidencia y prevalencia de este delito según dicha encuesta se ha caracterizado por ligeras variaciones entre 2014 y 2016. La tasa de incidencia fue de 9 850 extorsiones por cada cien mil habitantes en 2014. Posteriormente, la tasa disminuyó 13% y por último, en 2016, la tasa incrementó 4% respecto a 2015. En términos de prevalencia se observa un patrón preocupante pues las tasas de 2015 y 2016 aumentaron 2 y 4% respecto a los años anteriores.

La encuesta estima que el total de pérdidas a consecuencia de las extorsiones asciende a poco más de 6 mil millones de pesos (mdp). El 80.3% de las erogaciones ocasionadas por este delito corresponde a pérdidas directas y el 19.7% a gastos a consecuencia de la salud. En términos proporcionales, representa apenas un 4.5% de las pérdidas totales ocasionadas por todos los demás delitos captados en la encuesta. Por ejemplo, el robo total y parcial de vehículo generaron pérdidas equivalentes a 47 mil mdp (32% del total).

Afortunadamente, la encuesta contiene datos más esperanzadores. De las 7.5 millones de extorsiones, 56.8% no derivó en daños patrimoniales, físicos, laborales y psicológicos. Esto podría indicar que ciertas extorsiones están dejando de funcionar quizás por los esfuerzos en materia de comunicación y sensibilización del público ante llamadas telefónicas o bien que las personas están mejor informadas. Por otro lado, el 38.4% de las extorsiones derivó en algún daño emocional o psicológico y solo 4.3% resultó en perjuicios económicos.

Además de la victimización en hogares, la extorsión afecta a las unidades económicas encargadas de producir bienes y servicios. En este caso, los efectos nocivos resultan más acentuados. La literatura teórica al respecto muestra cómo la interacción estratégica entre unidades económicas y organizaciones criminales simples puede derivar en múltiples equilibrios con fuertes implicaciones para el bienestar. Un ejemplo de esta literatura proviene de un artículo escrito por Konrad y Skaperdas (1997)[1]. La idea es muy sencilla: hay una banda criminal que desea extorsionar a los comerciantes de una ciudad por lo que debe realizar una inversión inicial ya sea en armas, escondites, sobornos de autoridades, contratación de matones, entre otros. Dicha inversión no puede ser observada por las víctimas potenciales por lo que surge un problema de credibilidad.

En este modelo, cuando un integrante de la banda se presenta a cobrar la extorsión, el dueño no sabe con certeza si la amenaza es creíble. Los autores encontraron lo siguiente: 1) cuando la cantidad de comerciantes es suficientemente pequeña existe un único equilibrio en estrategias puras sin extorsión, 2) cuando la cantidad de comerciantes aumenta, el equilibrio previo desaparece y da lugar a equilibrios en estrategias mixtas. En estos nuevos equilibrios, aparecen tanto extorsionadores piratas o falsos como represalias en contra de los comerciantes.

En uno de estos equilibrios, la primera tienda decide si desafía a la banda criminal y en función de la respuesta, el resto de las tiendas hace lo mismo. Por ende, si la primera tienda accede a pagar, entonces el problema de credibilidad de la banda desaparece y se generan rendimientos crecientes a escala para la banda criminal. Los autores sugieren que esta puede ser una causa de la inestabilidad y las frecuentes luchas entre organizaciones rivales. En un artículo posterior, Konrad y Skaperdas (1998)[2] encontraron lo siguiente: 1) el daño principal que produce la extorsión en una economía es la erosión y distorsión de las actividades productivas en el largo plazo así como la destrucción de la propiedad que sucedería en equilibrio y 2) los dueños de empresas ubicadas en regiones con mucha presencia criminal se muestran reticentes a la adquisición de equipo sofisticado (menor capital físico).

Al recuperar la evidencia empírica de la victimización empresarial, podemos contextualizar los hallazgos teóricos. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 (ENVE) revela que la extorsión es el cuarto delito con mayor tasa de prevalencia por cada 10 mil unidades económicas al registrar un valor de 666. Dicha tasa es mayor que la de actos de corrupción, robo total o parcial de vehículo o robo de mercancía en tránsito, pero menor que la tasa de robo hormiga, asalto de bienes o dinero y fraude.

En 2015, se cometieron 657 598 extorsiones en contra de las unidades económicas, de las cuales 43% fueron en contra de empresas pertenecientes al sector de servicios, 33% en contra de empresas del sector de comercio y 24% en contra de empresas del sector industrial. Sin embargo, al examinar la prevalencia según el tamaño de las unidades económicas la encuesta señala que el 91% de las extorsiones fueron cometidas en contra de microempresas y el 92% ocurrió al interior de las instalaciones. Resulta evidente que este tipo de unidades sean las víctimas potenciales favoritas pues carecen de medios privados costo efectivos para protegerse de las amenazas criminales.

Dado el contexto mexicano de microempresas, la incidencia de extorsiones tiene un impacto de suma relevancia para el emprendedor promedio, el crecimiento económico y las disparidades regionales. De acuerdo con Dawid et. al. (2001)[3] la comisión extensiva de extorsiones puede resultar en sendas de bajo crecimiento si el entorno apoya las actividades delictivas y la demanda privada de mano de obra es reducida. En este caso, la inversión en capital de las unidades económicas cesa, las unidades tienden a desaparecer y la economía de la localidad se estanca. ¿Suena familiar?

Manuel Vélez

Coordinador de Estudios Especiales

@VelezManuel @ObsNalCiudadano

[1] Konrad, K. y Skaperdas, S. (1997). Credible threats in extortion. En Journal of Economic Behavior & Organization 33: 23-39

[2] Konrad, K. y Skaperdas, S. (1998). Extortion. En Economica 65: 461-477

[3] Dawid, H., Feichtinger, G. y Novak, A. (2001). Extortion as an obstacle to economic growth: a dynamic game analysis. En European Journal of Political Economy 18: 499-516