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El reto en Sonora: Seguridad y desarrollo social

04/10/2017
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¿Cuáles son los obstáculos para el desarrollo económico y social de la región?, cuestionaban en el Banco Mundial a finales de 1996, en una reunión con quienes trabajaban para América Latina y el Caribe. 1

La respuesta fue: el crimen y la violencia. El conocimiento de sus causas era deficiente pues en el estudio de los fenómenos sociales de la región había quedado fuera de los avances en el análisis estadístico y científico que se aplicaba en otras áreas, como la económica.

Sin embargo, ningún gobierno del país ha sido capaz de definir, crear ni consolidar una política pública de seguridad que sea transexenal y de Estado.

El Informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) señala: “La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina”. 2

Las transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar generan condiciones que inciden en la criminalidad.

Portar armas de fuego, consumo de alcohol y tráfico de drogas, sin ser sus causales, impulsan el delito según el estudio “Las capacidades de los estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad”.

Corrupción, impunidad y falta de sanciones, han mermado su efectividad, así como la falta de desarticulación de las finanzas en el crimen organizado, especifica el documento. 

Estudios, teorías e informes señalan los problemas de seguridad y violencia en el contexto mundial; sin embargo, hay un común denominador de necesidades:

Mejorar la información sobre crimen y violencia, combatir la violencia contra la mujer, promover políticas para controlarla y erradicarla, como el desarrollo de capital social, crecimiento económico en la reducción del crimen y violencia, presencia de militares en las calles y su retiro paulatino, incentivos a los operadores del sistema de justicia para hacerlos más eficaces, transparentes y expeditos.

Es necesaria una reforma policial democrática para que los elementos cuenten con derechos fundamentales y se modifique el Artículo 123 constitucional, Apartado B, Fracción XIII, que es violatorio a los derechos humanos. También es fundamental la participación de organizaciones de la sociedad civil para observar su cumplimiento.

Para el Banco Mundial el desarrollo social se concentra en la necesidad de “poner a las personas en primer lugar” en los procesos de desarrollo.

Y es sobre ello que quiero hacer un análisis ya que, según el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (México 2017), elaborado por el GESOC 3, que evalúa el desarrollo de capacidades institucionales en los estados para planear, gestionar, evaluar, transparentar información relevante sobre la política social, así como el grado de apertura gubernamental e incorporación ciudadana, que merece destacar es un informe público.

En sus conclusiones se menciona que en Sonora identificaron avances en los planes sectoriales enfocados en desarrollo social, pero se retrocedió y redujo el número de programas que se expresan en la estructura programática. También decrecieron programas y acciones sociales alineadas a algún derecho social o dimensión de la pobreza.

En las áreas de oportunidad señala que no hay de uso de evidencia para aprobar recursos para el desarrollo social local, y falta apertura integral de información relacionada con el mismo.

Hubo múltiples retrocesos de la medición 2016 a 2017, un signo de atención urgente para implementar una política social optima e indispensable para avanzar en la atención de las recomendaciones planteadas en cada medición.

El reporte señala la importancia de fortalecer mecanismos de transparencia y participación ciudadana, ya que se redujo a 0.00% en 2017 con respecto a 2016 con 1.06%4.

Respecto al ranking de entidades de acuerdo con el puntaje IDES, Sonora retrocedió de la posición número 11 (44.42%) en 2016, a la número 22 (46.01%) en 2017 de 32 entidades5.

Los esfuerzos entre dependencias gubernamentales deben alinearse, pero no existe una integración que muestre resultados entre la Secretaría de Educación, Salud, Economía, del Trabajo, Fiscalía, Agricultura, Instituto de la Juventud, Comisión del Deporte, sin mencionar a los municipios que han recurrido a la Policía Federal y su división de Gendarmería ante el fracaso de programas como “Escudo Ciudadano”.

Violencia, miedo e impunidad, son cotidianos para muchos sonorenses, lo dicen las cifras que aumentan por la falta de denuncias de delitos, por falta de resultados.

La inseguridad y violencia en Sonora se han recrudecido sobre todo en los últimos meses. A nivel nacional, vivimos una emergencia desde hace décadas.

El diagnóstico de inseguridad y violencia en Sonora es grave, las autoridades fingen que la incidencia delictiva disminuye 75%6, y no hay una estrategia elaborada con la sociedad civil para construir soluciones.

Sobre las cifras del primer semestre de 2017 en la tasa acumulada por cada 100 mil habitantes, Sonora ocupó algunas primeras posiciones por encima de la tasa nacional en homicidio doloso (posición # 10); abigeato (posición # 10); homicidio culposo (# 11), y robo de vehículos (#13).7

Hermosillo concentra 55.43% de las denuncias por los principales delitos del reporte de enero-junio 2017. Las carpetas de investigación por homicidio doloso aumentaron su incidencia en 28.84% respecto al primer semestre.

La carpeta de investigación de Cajeme en 2017 en materia de homicidio doloso representa 33.72% del total estatal; los homicidios dolosos con arma de fuego aumentaron 104.55% respecto a 2016.

En el primer semestre de 2017 en la tasa acumulada en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de Cajeme fue de 25.28 y superó a la tasa estatal y nacional en 121.33%y 156.89% respectivamente.

El primer semestre de 2017 hubo 344 homicidios dolosos, el registro más alto desde 1997, ante el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), y que nos pone en situación de alerta.

¿Por qué las autoridades dicen que estamos bien en seguridad? ¿Por qué no hay espacio para la crítica y el debate, y recurren a la intimidación a través de “enviados” personales? ¿Por qué no reconocen el problema? ¿Por qué no querer firmar un pacto por la seguridad, autoevaluarse, recurrir a la federación y no poder generar una estrategia con sociedad civil?

Hasta julio del 2017 la Secretaria de Seguridad Publica en Sonora había pagado, ejercido y devengado alrededor de 110.2 millones de pesos del FASP, de un total de 376.8 mdp, de los que la federación aporto 301.4 mdp y el estado los otros 75.4 millones; es el tercer estado con más presupuesto pagado, ejercido y devengado con un total de 29.2% 8.

Sin embargo, vemos a una Secretaria de Seguridad preocupada por hostigar con troles a sus críticos en redes sociales, como en la anterior administración. Práctica heredada y mejorada.

“En teoría, el desarrollo de la política pública debe basarse en hallazgos y hechos que permitan realizar, apoyar y validar opciones estratégicas. Las estadísticas por lo tanto deben contribuir a las políticas públicas e intervienen para apoyar el proceso de desarrollo de la misma”9.

No existe una política pública “universal” para reducir homicidios y delitos; tampoco se puede apostar al humor de cada funcionario sobre lo que es mejor en la materia de prevención.

La derecha que considera que frente al delito hay que tener “mano dura”, y los gobiernos de izquierda creen que, mientras no se acabe con la pobreza no podrán reducirse estos índices. Dos posiciones extremas que no ven la importancia de la integración en medidas de prevención.

Por eso es fundamental atacar el problema con equipos multidisciplinarios, miembros de la sociedad civil y lo que mencionamos ya, con voluntad y liderazgo.

Desde el Observatorio Sonora por la Seguridad, reiteramos el llamado a las autoridades estatales y municipales a generar un #PactoPorLaSeguridad.

 

Mtro. Manuel Emilio Hoyos Díaz.

Director del Observatorio Sonora por la Seguridad.

@EmilioHoyos777 @ObservSonoraSeg @SegUnaFormaVida @ObsNalCiudadano

Bibliografía

(1) Crimen y violencia en América Latina. Banco Mundial. Ed. l Alfaomega

(2) http://www.bancomundial.org/

(3) http://www.ides.gesoc.org.mx/ http://www.ides.gesoc.org.mx/entidad/SON

(4) Cabe señalar que la medición IDES 2016 corresponde a información recolectada en el ejercicio fiscal 2015 y la medición IDES 2017, corresponde al ejercicio fiscal 2017
(5) http://www.ides.gesoc.org.mx/ranking
(6) http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=44015
(7) http://www.observatoriosonoraporlaseguridad.org/documentos-descarga/
(8) http://www.sesnsp-met.com/
(9) En la 5a Conferencia Internacional sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal Christophe Soullez, director del observatorio nacional de la delincuencia

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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