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El clima de violencia y delincuencia en Puebla

19/03/2018
00:50
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El pasado 2017 fue considerado como el año más violento en México desde que se mide la violencia en el país, en este sentido la Entidad poblana no se quedó atrás dentro del ranking de las Entidades federativas con mayor incidencia en los delitos de alto impacto, al ocupar el sexto lugar después del Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Guanajuato y Jalisco. Con base en lo anterior, es de pensarse seriamente acerca de cómo se han implementado las estrategias encaminadas a prevenir y combatir la incidencia delictiva, es decir, estamos hablando de un problema serio el cual trasciende de una apresurada reacción por sancionar con mayor severidad y, bajo pretexto de mitigar la inseguridad en el país.

En el contexto de México sobre seguridad pública y procuración de justicia, vale más la palabrería que las acciones tendientes a garantizar el orden y paz públicos como lo consagra la Constitución Mexicana en su artículo 21. La pregunta que debemos plantearnos bajo este escenario es ¿Cómo será el cierre del presente sexenio en materia de seguridad pública? Por otro lado, bajo el clima político en el que nos encontramos en pleno 2018, no sólo basta con saber a quién se va a elegir como ejecutivo del país, así como a los gobernadores en las demás Entidades, sino la mirada a futuro a nivel local y nacional por mantener una calidad de vida respecto a la percepción de inseguridad que tanto ha deteriorado el interés democrático.

En el caso particular de Puebla la problemática se mantuvo bajo la misma premisa respecto del año más violento. Ejemplo de lo anterior fueron y siguen siendo los delitos de alto impacto, donde los porcentajes de variación en algunos casos se han disparado exponencialmente en lo que a criminalidad respecta. En Puebla el ranking[1] se posiciona con base en las 32 Entidades federativas según la incidencia delictiva registrada en Carpetas de Investigación (CDI), tal como se observa en delitos como homicidio en su subtipo doloso (ranking en la posición 10 de 32), así como la violencia en el empleo de arma de fuego (ranking 12) y arma blanca (5), secuestro (11), extorsión (16), robo de vehículo (5), robo a negocio (6), robo a casa habitación (15) y robo en carretera a camión de carga (1).

Para dimensionar la magnitud del problema en el caso del homicidio doloso, a nivel nacional en 2017 se reportaron en total 29,159 víctimas y 25, 339 carpetas de investigación; la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó 1,052 víctimas registradas en 919 carpetas de investigación, superando de esta manera a Tamaulipas (805 CDI), Nuevo León (665 CDI) y Morelos 602 CDI).

Vale la pena interrogarse ¿Si aumenta la delincuencia, aumentan las diversas manifestaciones de la violencia? La respuesta no es sencilla, es compleja, especialmente cuando se peligra la vida o la integridad de las personas. Es cierto que no todo delito es violento, sin embargo, lo que urge al país es poder contrarrestar los efectos negativos de una sociedad cada vez más violenta. Con base en lo anterior, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  (ENVIPE)[2], 63.9% de la población mayor de 18 años en el estado de Puebla tienen la percepción de inseguridad en el municipio o localidad donde habitan.

Para ejemplificar un poco más lo anterior, en la misma Entidad; el homicidio doloso incrementó 172% entre 2014 y 2017. En lo que respecta al homicidio doloso con arma de fuego, llama poderosamente la atención el incremento de 228% respecto al mismo periodo de tiempo. Finalmente, en el homicidio doloso con arma blanca se apreció un incremento de 126% entre 2014 y 2017.

En lo que respecta a la delincuencia común y cuya tendencia va al alza, se ven reflejados en el robo de vehículos; esto nos invita a la reflexión más puntual del hecho y contexto social en cuanto a la rentabilidad del objeto robado; en este caso el robo de automóvil mantiene una correlación entre la violencia como un medio para obtener otro fin delictivo, lo que en otras palabras sería que este hecho no va únicamente destinado a la comercialización del automóvil, sino a su utilidad con la que puede ser empleado. Un ejemplo claro es el tan polémico huachicol, en el cual los vehículos utilizados (sean de tipo pick-up o tractocamiones) fueron inicialmente robados para ser un medio de traslado del hidrocarburo (también robado); no obstante, sería categóricamente erróneo generalizar que el robo de vehículo en la Entidad poblana tiene este único fin, también lo puede ser por la correlación oferta y demanda en lo que respecta a sus partes mecánicas o de uso (la demanda de ciertas marcas en el mercado).

Bajo este mismo orden de ideas, la manifestación porcentual del robo de vehículo (con y sin presencia de violencia a la hora de efectuar el delito) nos arrojan resultados al alza. Para ejemplificar lo anterior, encontramos que, de manera violenta, se registró un aumento de 672% en el periodo comprendido de 2013 al 2017; mientras que en su modalidad no violenta de este mismo delito incrementó un 250%, motivo por el cual se exhibe una alarmante situación de interés para la seguridad pública por prevenir de manera eficaz este tipo de delitos.

Siguiendo esta línea argumentativa de hechos no aislados, en 2017 la correlación de vehículos motorizados ha sido un problema para la Entidad poblana con el pernicioso ranking número uno (1) a nivel nacional de robo en carretera a camión de carga (según la antigua metodología CIEISP del Secretariado Ejecutivo). Como consecuencia de esto, una (1) de cada tres (3) carpetas de investigación iniciadas por este delito, le corresponde a la Entidad poblana. Lo preocupante de lo anterior, se aprecia en un aumento porcentual de 722% de este delito en su modalidad violenta, en un periodo comprendido de 2014 a 2017.

Debemos hacer hincapié en que todos los datos aquí presentados, se encuentran a la luz del escrutinio público por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual se desprende de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Lo anterior nos ha permitido realizar estudios e interpretaciones propias acerca de la incidencia delictiva que se sufre en el país. Se debe dejar en claro que estas cifras no cuentan la realidad completa, es tan sólo la punta del iceberg, ya que con base en los datos del ENVIPE, en la Entidad poblana 94.9% de los delitos no es denunciado, considerándose como cifra negra.[3]

En lo que respecta al robo a negocio hemos apreciado un incremento exponencial en la modalidad violenta con 744% en el periodo comprendido de 2014 a 2017, sin embargo, existe un decremento en su modalidad no violenta, pues apenas se apreció un mínimo avance disminuyendo un 0.4% en el número de CDI. Por otro lado, el delito de robo a casa habitación, mantiene un bajo perfil como delito en donde la presencia de la violencia es relativamente inferior respecto a los miles de registros no violentos. El delito de robo a casa habitación en su modalidad con violencia, presentó un aumento de 103% entre 2013 y 2017, cerrando el 2017 con 474 CDI iniciadas. En contraste, este mismo delito en su modalidad no violenta, se observa una disminución de 29% (1985 CDI) en el mismo periodo comprendido.

Ante este panorama de inseguridad pública que se vive en la Entidad poblana, sabemos que la aspiración delictiva, conlleva una cadena de errores encaminados a las dinámicas desarrolladas en sociedad, la pérdida de valores, la indiferencia, la no denuncia, la deficiente procuración y administración de justicia, la corrupción, impunidad y la falta de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública, por mencionar sólo algunas. Para confirmar esto último, basta con mencionar el indicador provisto por la misma ENVIPE, el cual indica que en marzo y abril de 2017 sólo 8.3% de la población mayor de 18 años que identifica a las autoridades en Puebla, tiene mucha confianza en la policía estatal; contrastando con 39.1% que muestran síntomas de desconfianza. Lo anterior ha generado una resignación por la participación y/o empoderamiento ciudadano, a sabiendas que el Estado funge como un moderador entre las facultades de los tomadores de decisiones y las demandas sociales dentro de la legalidad.

Por último, en el periodo de 2013 al 2017 los delitos tales como el secuestro (cuyo aumento fue de 6%) y extorsión (disminución de 36% entre 2014 y 2017), podrán ofrecer un panorama moderadamente optimista, como resultado de la difusión de campañas institucionales y de organizaciones de la sociedad civil (OSC) para prevenir este tipo de delitos; sin embargo, la realidad debe ser comprendida de múltiples maneras y escenarios, desde la academia, las OSC y de la administración pública.

 

Centro de Integración Ciudadana Puebla

Observatorio Ciudadano Puebla

@ObsPue y @CICPue @ObsNalCiudadano

 

Fuentes documentales:

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE (2017). Estimaciones de la denuncia del delito. Recuperado el 20 de enero de 2018, de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (20 de enero de 2018). Descarga de los datos de incidencia delictiva del fuero común (estatal 2017). Recuperado el 20 de enero de 2018, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun-nm.php

[1] Los datos y porcentajes presentados sobre la incidencia delictiva, son producto de análisis propios con base en  los datos proveídos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponibles en: www.secretariadoejecutivo.gob.mx

[2] INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE (2017). Disponibles en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/

[3]  INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE (2017). Disponibles en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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