Delitos electorales, el lado más obscuro de la corrupción

Al leer el titulo seguramente piensas que los delitos electorales ya son tema obsoleto. Sin embargo, no es así, cobran vigencia una y otra vez en la vida política de nuestro país, los favores y las “ayudas” previas al primero de julio, finalmente se convierten en catalizadores de una cadena de actos de corrupción que golpean en aspectos económicos, de seguridad y justicia nacional.

La Comisión Global sobre las Elecciones, la Democracia y la Seguridad, menciona cinco aspectos para garantizar elecciones con integridad. Uno de ellos se basa justamente en la vigilancia del financiamiento de las campañas políticas, pues se considera que una fiscalización en la procedencia los recursos utilizados, no sólo pondría a todas las personas que aspiran a un cargo público en igualdad de condiciones, sino que también impulsaría la participación política de la ciudadanía. Esto último se debería al incremento paulatino de la confianza en las instituciones y en los representantes de los tres órdenes de gobierno. Aunado a lo anterior, se produciría un efecto positivo en la reducción de la ola de violencia y corrupción.

Si bien la Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 53 y 56 contempla las aportaciones de los particulares a los partidos políticos, la realidad es que carecemos de mecanismos de inteligencia financiera efectivos que hagan frente al problema. Es por ello que dicho delito electoral puede llegar a concebirse como un problema de carácter social. Un ejemplo de esto es que las empresas ligadas al sector inmobiliario y de construcción, han fijado su interés en el financiamiento de las campañas a cambio de contratos multimillonarios y concesiones. La muestra de que este problema no sólo es de carácter económico, es que se pone en riesgo la vida de las personas al otorgar permisos a dichas empresas en lugares altamente peligrosos y/o al usar materiales de baja calidad.

Otro grupo que ha proporcionado ayudas a los partidos políticos es el crimen organizado. Al respecto, hay que tener en cuenta que dichos grupos utilizan esa moneda de cambio para seguir actuando en total impunidad y con la protección de quienes están encargados de proteger a la ciudadanía. De esta manera, este delito electoral que pareciera tan inofensivo puede llegar a representar una serie de acciones que inciden en la inseguridad que día a día va en aumento.

En este sentido, se torna de interés el análisis y seguimiento a la próxima tarea encomendada a Santiago Nieto, -como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, unidad encargada de combatir la corrupción, mediante el seguimiento en el uso de los recursos ilícitos-; y el trabajo coordinado que se establezca con la unidad técnica de fiscalización del INE. Esperamos que uno de sus primeros resultados se enfoque en aclarar los presuntos delitos electorales que se cometieron en el pasado proceso, por ejemplo, el caso de Morena y el uso indebido del fideicomiso que el partido creó para apoyar a las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Aclarar, dar respuesta y sancionar a los posibles responsables, sería una clara señal del saneamiento de la política del país.

Nos encontramos en un momento de cambio que debe de ser detonante para transitar hacia una democracia participativa. Sin embargo, se tiene que trabajar en el funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal electoral y en el papel de las instituciones públicas encargadas de prevenir, investigar, sancionar y por qué no, erradicar las conductas que ponen en riesgo la integridad electoral.

¿Te interesó el tema? Consulta el Estudio sobre Delitos Electorales. Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos disponible en línea en http://onc.org.mx/delitos-electorales/

Karen Pérez García

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

@ObsNalCiudadano