Datos delictivos y nueva administración

Desde hace varios años distintos actores gubernamentales y sociales han venido construyendo la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para recopilar datos de la incidencia delictiva en nuestro país. En este sentido, la forma en que se ha estructurado esta base no ha sido caprichosa, al contrario, es resultado de un importante esfuerzo para captar el fenómeno delictivo a escala nacional, estatal y municipal. Y si bien aún presenta importantes deficiencias para representar con mayor precisión las condiciones de seguridad y violencia del territorio nacional, lo importante no parece ser un cambio total de la forma en que se registra y se mide la incidencia delictiva, más bien lo que resultaría pertinente es seguir promoviendo una mejora de los datos y que estos se acerquen el mayor grado posible a caracterizar la inseguridad que se vive en gran parte de las regiones del país.

Más allá de achacar responsabilidades, la reflexión que surgió sobre el incremento de la inseguridad y violencia en nuestro país, luego de que el periódico Reforma indicara que las “ejecuciones” habían aumentado en diciembre de 2018, resulta más que pertinente, pues los homicidios intencionales siguen al alza, además de que otros delitos patrimoniales han presentado incrementos o no han logrado reducirse de la manera esperada. Por ejemplo, en lo que refiere a los homicidios dolosos, del 2015 al 2017, de acuerdo al SESNSP crecieron en 52.69% y se espera que el 2018 tenga el mayor número de muertes provocadas por acciones intencionales en las últimas décadas.

Además, esta reflexión debe llevarnos, obligadamente, a seguir mejorando la metodología con la cual se mide el delito en el país, y no en dar golpes en la mesa que puedan ir en detrimento de lo alcanzado. Organizaciones civiles en todo el país, incluidas el ONC, han trabajado intensamente para que las autoridades mejoren la calidad de los datos en los últimos años, con lo cual se puede afirmar que las bases estadísticas no son solo producto de una decisión unilateral de las administraciones federales pasadas. Así, en 2015, por ejemplo, el SESNSP publicó por vez primera el número de víctimas de delitos de homicidio, secuestro y extorsión, luego de que actores sociales habían señalado que una carpeta de investigación no significa una víctima. Dos años después, se publicó una nueva base de datos que permite saber el número de víctimas de varios delitos, además de que responde de mejor manera para registrar actividades delincuenciales que anteriormente no se contabilizaban periódicamente, a saber, trata de personas, feminicidio o distintas modalidades de otros delitos; la modificación estructural de la base fue producto del trabajo de distintos actores sociales en conjunción con la autoridad. Así pues, hay esfuerzos que se reflejan en esta base de datos que no se pueden menospreciar.

En el proyecto general de impulsar un cambio sustancial de las formas de llevar la administración pública federal, es importante tomar en cuenta las circunstancias previamente mencionadas. Antes de verse tentados en realizar una especie de “borrón y cuenta nueva”, debe considerarse, como primer escalón, seguir mejorando la base de datos del SESNSP. Por ejemplo, el registro del delito de extorsión requiere fortalecerse, no basta, con reportar el delito sin sus modalidades; hay ciudades de importante jerarquía que están siendo azotadas por la extorsión en su modalidad por derecho de piso y los registros estadísticos no alcanzan a dar cuenta de ello.

Aunado a lo anterior, es fundamental que la nueva administración federal coordine los esfuerzos con los otros subniveles de gobierno para que el ciudadano acuda a los ministerios a denunciar cuando es víctima de un delito. De poco servirá tener nuevos criterios de medición de la inseguridad o mejorar la calidad de las fuentes de información, si la cifra negra -los delitos no denunciados- son de alrededor del 93%. Las medidas emprendidas para mejorar la seguridad seguirán siendo poco efectivas si la evidencia con la se cuenta a penas muestra una mínima parte del fenómeno delictivo.

En materia de estadística delictiva caer en el falso dilema de que solo hay dos opciones para mejorarla es altamente riesgoso, pues esta situación puede llevaros a perder información, a requerir nuevas infraestructuras que no se cuentan, disminuir la calidad de los datos, quedar estancados en situaciones que han mostrado limitaciones, etc. Entonces se debe encontrar otras alternativas para mejorar las cifras que alimentan los diagnósticos sobre incidencia delictiva.

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel

@ObsNalciudadano