¿México en paz?

Se encuentra usted aquí

Cambios en la política migratoria de los EUA y el incremento de deportaciones por razones de “seguridad”

15/08/2018
12:43
-A +A

La política migratoria en los Estados Unidos se ha caracterizado por responder a las necesidades de la mano de obra que el país ha demandado a través de su historia, privilegiando el ingreso en determinados momentos de ciertos grupos de migrantes y limitando el ingreso de otros. Mientras que en la primera mitad del siglo XX la inmigración a los EUA había sido predominantemente de hombres latinoamericanos que llegaban a cubrir las necesidades de mano de obra en el oeste del país, la entrada de mujeres latinoamericanas en este periodo había sido limitada por las características propias de la demanda de mano de obra en los sectores agrícola y de la construcción. Por tanto, durante este periodo las mujeres inmigrantes particularmente las mujeres no blancas eran sujetas a una mayor deportación como estrategia del gobierno para disuadir la reproducción y el asentamiento de las familias migrantes en los EU (Golash-Boza & Hondagneu-Sotelo, 2013).

Sin embargo, la demanda de mano de obra en EU se modificó tras la crisis económica de 2008 que provocó una reducción de los trabajos asociados a la construcción y manufactura, mientras que el envejecimiento de la población estadounidense ha provocado una mayor demanda de cuidados de personas adultas, actividad que suele ser relacionada principalmente con las mujeres, provocando un cambio en la política migratoria y de deportación que resultó en un incremento de las deportaciones de hombres y un descenso relativo en la deportación de mujeres (Rivera, 2016). De acuerdo con la Encuestas sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) hubo un cambio en la proporción de migrantes devueltos por las autoridades migratorias de los EU a partir de 2009 (posterior a la crisis económica), pues si bien a lo largo de los años siempre se ha dado una mayor proporción de hombres devueltos que de mujeres, entre 1999 y 2009 la relación era en promedio de 4.74 hombres por cada mujer, y para el periodo 2010 a 2016 esta relación se elevó a un promedio de 6.73 hombres por cada mujer, es decir un incremento de 42%.

Mediante un discurso de seguridad nacional asentado en el crecimiento de la fobia hacia los extranjeros tras los eventos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, se desarrolló la “securitización” de la política migratoria en los EU, que consiste en la militarización de las fronteras del país y en la criminalización de los migrantes como un recurso para supuestamente mantener la seguridad nacional. Fue así como las deportaciones pusieron énfasis en los hombres extranjeros al asociarlos con posibles terroristas y delincuentes (Bibler, 2015). Por tanto, las devoluciones [1] tuvieron un repunte en 1996 cuando se registraron 1.57 millones de casos con un máximo de 1.68 millones en 2000, posteriormente esta tendencia cayó y en 2004 tras la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) las devoluciones tuvieron un nuevo repunte de 1.17 millones de casos. En tanto que las remociones [2] tuvieron un incremento constante desde 1996 hasta 2013 cuando registraron su máximo de 433 mil casos, tendencia que provocó que desde 2011 el número de remociones en los EU superara al de las devoluciones (DHS, 2017).

Además, se ha dado un cambio en la aprehensión de migrantes en los EU puesto que el DHS lleva acabo esta tarea a partir de dos rutas: La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en donde el CBP solo está autorizado para trabajar hasta 100 millas aéreas desde la frontera, por lo que la implementación de programas como el de Comunidades Seguras iniciado en 2008 ha permitido que las políticas de control de movilidad de los migrantes se hayan extendido al interior del país sin importar el tiempo de residencia de los migrantes en los EU. Esto ha provocado la preocupación y angustia de las comunidades y familias de migrantes que pueden ser sujetas a procesos de deportación después de haber vivido varios años en este país y en muchos de los casos haber formado familias (Rivera, 2016).

Este incremento de las deportaciones producen en los migrantes sentimientos de inseguridad, temores e incertidumbre por un futuro incierto ante la posibilidad de que ellos o sus familiares en algún momento pudieran ser detenidos y deportados a México sin haber cometido algún delito, únicamente por el hecho de no contar con los documentos que permiten su estadía en los EU, o por el temor de ser deportados aun teniendo documentos migratorios al ser criminalizados por faltas administrativas menores (Bibler, 2015). Al respecto de acuerdo con los datos de la EMIF para el caso de mexicanos devueltos por las autoridades migratorias de los EU se observa una reducción porcentual de los migrantes que permanecieron en EU por menos de 3 años desde 2007 hasta llegar a su mínimo en 2011 cuando representaron el 61.06% del total de migrantes devueltos, mientras que los migrantes devueltos que habían permanecido 3 años o más en los EU pasaron de representar el 3.27% en 2006 al 38.94% en 2011 y en años posteriores promediar alrededor del 20% del total de migrantes devueltos a México.

En síntesis, la deportación de estas personas no solo abarca un evento especifico, puesto que este inicia desde antes de ser aprehendidos y continua durante el difícil proceso que puede implicar la reinserción en México, además de los efectos que puede llegar a provocar en las familias y comunidades migrantes, de la imposibilidad de las personas devueltas de poder regresar a los EU dada la prohibición y criminalización a la que son sujetos y a la militarización de la frontera que hace más difícil que estos puedan volver a cruzar. Por tanto, las deportaciones no solo tienen consecuencias para los migrantes retornados, también para sus familias que los acompañan o que se quedan en EU, a otros parientes que los reciben en México tras su deportación, a los gobiernos federales, estatales y municipales que tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad y bienestar, además de diversas organizaciones sociales que en muchas ocasiones son quienes les brindan asistencia y apoyo en los lugares a los que fueron devueltos.

[1] Los migrantes devueltos (returns) que ocurre cuando un agente de la Patrulla Fronteriza niega la entrada a los migrantes y por lo tanto son devueltos a México, sin que medie de por medio una orden de deportación.

[2] Los migrantes removidos (removals) que refieren a migrantes que pueden ser deportados tanto por faltas penales como por faltas administrativas y en las que media de por medio una orden de expulsión, y en cuyo proceso de remoción puede asistir a una audiencia de inmigración o renunciar a este derecho para acelerar la remoción.

 

Referencias

Bibler Coutin, Susan (2015) “Deportation Studies: Origins, themes and directions” Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 41, No. 4, pp. 671-681.

DHS (2017). “Yearbook of Immigration Statistics 2016” Department of Homeland Security. Disponible en: https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2016

EMIF (2017). “Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México” El Colegio de la Frontera Norte, disponible en: https://www.colef.mx/emif/tabuladosnte.php

Golash-Boza, Tanya Maria y Pierrette Hondagneu-Sotelo (2013) “Latino Immigrant men and the deportation crisis: A gendered racial removal program”, Latino Studies, Vol. 11, No. 3, pp. 271-292.

Rivera Sánchez, Liliana (2016) “¿Volver a casa? Desafíos y rutas divergentes de migrantes de retorno”, en Jorge Olvera y Laura Baca Tavira, coords. Continuidades y cambios en las migraciones de México a Estados Unidos. Tendencias en la circulación, experiencias y resignificaciones de la migración y el retorno en el Estado de México, Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad de Texas, San Antonio, pp. 115-144.

Oscar Rodríguez Chávez

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85 @ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

COMENTARIOS