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Bajar salarios: muerto el perro, se acabó la rabia

27/07/2018
10:05
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¿Qué hacen las empresas cuando tienen problemas financieros, le bajan el sueldo a todos los empleados o los despiden? La respuesta más común que usted va a escuchar es DESPEDIR, sin embargo esta respuesta hay que aclararla más para entenderla mejor. La razón por la que se despide y no se bajan los sueldos es porque el empleador considera que perdería empleados productivos que no están dispuestos a aceptar dicho sueldo y, a su vez, dejaría de ser una opción laboral atractiva para gente productiva que por sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, obtendrán más en otras opciones. Esto se traduce en menor eficiencia para la empresa y paradójicamente en mayores costos. Este proceso de despedir y no bajar sueldos es conocido en la literatura económica especializada como racionar.

Ahora bien, lo he convencido y va a despedir, va a racionar, la pregunta es ¿a quién debo despedir? Despedir acarrea costos más allá de los pagos que obliga la ley laboral.  Por ejemplo, cuando despido a alguien que lleva tiempo en su puesto de trabajo y que sabe realizar bien su labor, su despido implica una pérdida de conocimiento que o no se recuperará o tardará mucho en recuperarse. En la medida que el puesto tenga un mayor grado de especialización la probabilidad de que ocurra esto es mayor.  Además, si despido y no contrato se cumple la ecuación de que a menos empleados, menos capacidad de producción. Lo que antes se podía hacer ahora no. Esto impactará en los beneficios de la empresa tarde que temprano.

Por lo tanto, hay que saber despedir, entender que se debe desvincular de la organización al menos productivo, y en caso de no contratar sustitutos, hacer un diagnóstico serio que nos permita rediseñar la organización, definir tramos de control, tareas, obligaciones y perfiles.  Debo de saber si puedo producir lo que antes producía, tanto en términos de cantidad como de calidad. Esto se hace con una visión de largo plazo, pensando en asegurar la permanencia de la empresa.

La decisión de bajar el sueldo a la mitad de los funcionarios públicos de confianza con los niveles más altos en el gobierno es muy preocupante por la razón que acabamos de señalar. Un contraargumento sería que estamos hablando de gobierno y no de una empresa privada. Sin embargo, hay que señalar que finalmente un gobierno produce bienes y servicios, vincula a agentes de la sociedad para obtenerlos y paga a dichos agentes.  Al bajar los sueldos, una proporción de los productivos se irá y, por otra parte, será más difícil atraer a los productivos.

Ahora bien, también se ha decidido que trabajen el sábado y se planea despedir. La pregunta es, bajo qué criterio o estrategia organizacional se está trabajando que me asegure que se producirán los servicios y bienes que se estaban produciendo y que requiere el país. Esa aún no la hemos escuchado, más allá de que los burócratas ganan mucho, son holgazanes y que son corruptos. Por un momento parecería, dada la estrategia de reducción de sueldos y despido, que la idea es: muerto el perro, se acabó la rabia. Reduciendo a los burócratas, eliminamos la ineficiencia y la corrupción.

Lamentablemente el tema referente a si el gobierno es mucho o poco eficiente se escapa del fin de este artículo, pero lo que sí podemos señalar es que ante una baja de salarios y una menor cantidad de burócratas sin criterios claros, la probabilidad de reducir exitosamente la corrupción es poca.

La razón de esto nos la dan dos economistas: Shapiro y Stiglitz, este último premio Nobel. Una forma de explicar comportamientos corruptos es que, la persona, compara la ganancia que obtendría si es corrupto versus la probabilidad de ser atrapado, la diferencia de entre lo que ganaría en otra parte y lo que gana en su empleo actual y, por último, la duración de su contrato o permanencia en el trabajo.

En la medida que la probabilidad de ser atrapado es menor y/o el contrato es corto en términos de su percepción de permanencia, tengo más incentivos a engañar. Adicionalmente si lo que ganó es menor a lo que obtendría en otro trabajo alternativo, o la diferencia es poca, entonces  se incrementan los incentivos a realizar actos corruptos. La baja de salarios ayuda poco, como ya se señaló lleva a menor eficiencia, y también da a lugar a una mayor probabilidad de corrupción.

La mejor idea sería, siguiendo esta fórmula, mantenga salarios que respondan al nivel de responsabilidad del puesto, mejore la probabilidad de atrapar al tramposo, claro si lo atrapa métalo a la cárcel, que sienta plenamente las consecuencias de su conducta.  Algo importante, si es atrapado castíguelo impidiéndole que pueda entrar otra vez al gobierno mañana, y señalándolo abiertamente en el mercado laboral como un corrupto, lo cual le impide el acceso a actividades alternativas con altos sueldos. Una cosa más, promueva mecanismos que permitan la permanencia del productivo.

Si los lineamientos para la austeridad enunciados en días pasados hubieran sido más precisos, hoy la incertidumbre que existe en torno a la deseabilidad de estas medidas sería mucho menor. Si las políticas de austeridad hubieran sido estudiadas con más cuidado desde los inicios de la campaña, entonces hoy no habría la controversia y el grado de especulación que se observa en la opinión pública. Estas imprecisiones tienen una causa muy clara: la administración pública federal tiene una organización compleja que no permite hacer generalizaciones y que debería obligar a quien estará a su cargo a conocerla primero a profundidad para impulsar mejoras con metas claras.

Ahora bien, ¿cómo afectarían estas políticas al entramado organizacional de la seguridad?  Sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública regresará y ejercerá funciones que en este sexenio le correspondieron erróneamente a la Secretaría de Gobernación. Por esta razón, iniciarán procesos de contratación para que esta institución sea operativa lo más pronto posible si desean cumplir con los objetivos de pacificación previstos.

A diferencia de otras secretarías de estado que no son nuevas, en esta podremos analizar el efecto de la austeridad sin las fricciones y conflictos legales, es decir, podremos identificar qué tan ágiles son los procesos de contratación de los funcionarios de distintos niveles y en algunos años, podremos analizar el desempeño bajo los nuevos esquemas salariales.

Surgen más preguntas, ¿de qué forma afectarán las políticas de austeridad a la formación de cuadros policiacos? Una de las propuestas comentadas por el que será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, es la iniciación de un programa emergente de capacitación y profesionalización con el objetivo de duplicar la capacidad de formar cuadros.

Además, ha señalado la urgencia de mejorar las condiciones socioeconómicas de todas las policías del país.

Esto marca dos rumbos de acción claros: 1) incrementar el estado de fuerza y 2) mejorar los incentivos de los integrantes de las corporaciones. Para esto se requieren más recursos presupuestales. La ecuación es sencilla: más policías y mejor pagados es igual a más gasto corriente. Por ende, las políticas generales de austeridad no tendrían que aplicar (o al menos no de forma tajante) a las instituciones de seguridad federales si se desea dar cabida a estos objetivos.

Asumiendo que el programa de austeridad le afectará a los mandos medios y superiores de la Policía Federal, los efectos sobre el ingreso esperado de largo plazo de quien aspira a desarrollar una carrera policial se debilitan.  Piénselo de esta forma, si un aspirante a policía desea ascender porque en el siguiente nivel de mando se ofrecen incentivos más atractivos, ¿se mantendría dicho deseo si los reducimos? Quizás, estaría por verse.

Tomemos, por ejemplo, a la Policía Federal. A diferencia de otras instituciones de la APF, este órgano administrativo desconcentrado cuenta con una estructura propia y se rige con otros tabuladores.  Hasta el momento, no se ha mencionado si los programas de austeridad afectarán a este órgano desconcentrado o si permanecerá con las percepciones salariales inalteradas. En los siguientes meses, debería existir un poco más de claridad al respecto.

De acuerdo con los tabuladores de la PF, existen 14 categorías: comisionado general, comisario general, comisario jefe, comisario, inspector general, inspector jefe, inspector, subinspector, oficial, suboficial, policía primero, policía segundo, policía tercero y policía. Las percepciones se integran por un sueldo base bruto mensual y una compensación por jerarquía. Los sueldos van desde 22 hasta 71 mil pesos[1] con base en el tabulador de categorías y jerarquías aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entonces, ¿qué pasaría si extrapolamos el argumento inicial del racionamiento y la reducción salarial al ámbito de la seguridad, en concreto, a la salida de elementos productivos de las instituciones de seguridad? ¿Dónde podrían encontrar un trabajo que les garantice una remuneración equivalente y que utilice sus conocimientos técnicos? Es posible que la industria de seguridad privada absorba una proporción de estos sobre todo considerando que esta industria ha crecido de manera significativa en los últimos años. Pero, ¿qué pasaría con los otros elementos?  Y también hay que plantearlo, ¿con menores sueldos se captarán mejores funcionarios calificados y especializados? ¿se disminuye la corrupción o se incrementa la posibilidad de que el crimen pueda comprar al funcionario?

Por ende, debemos tener cautela con los efectos que los programas de austeridad tengan en instituciones clave como la Policía Federal o la misma SSP.  Hasta hoy, sabemos que esta institución tendrá como límite presupuestal 58 mmdp, que incorporará a diversos órganos desconcentrados como PF y que también estará sujeta a los programas de austeridad.
 
Hugo Fuentes
Director Regional del Departamento de Economía del Tec de Monterrey Región Ciudad de México
 
Manuel Vélez                  
@VelezManuel                              
@ObsNalCiudadano
Coordinador de Estudios Especiales del Observatorio Nacional Ciudadano
 

 
[1] Sin considerar otras prestaciones económicas
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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