En febrero de 2007, esa demarcación dio a conocer, vía entrevistas y boletín, que destituyó a 10 empleados de las áreas de Jurídico y Seguridad Pública, por integrar una red de corrupción.

Seis de ellos iniciaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la cual la semana pasada dio a conocer la recomendación 22/08 en la que califica como violatoria la utilización del polígrafo.

El organismo que preside Emilio Álvarez Icaza recomendó le sean ofrecidas disculpas públicas a los seis agraviados, puesto que no se les fundamento tal acusación, además de que se debe reparar el daño por las afectaciones que causaron honra y dignidad.

En un comunicado del jueves, la delegación informó que aceptará de manera parcial dicha recomendación, por lo que este día los agraviados dieron una conferencia de prensa en la que le pidieron que demuestre si como funcionaria no ha cometido irregularidades, y en caso de que el detector de mentiras la repruebe, renuncie.

“Si ella es la mujer que dice ser honesta que se someta a la prueba del polígrafo, para que conteste si utilizó o no recursos de la Asamblea para su campaña a la jefatura delegacional, y si recibió aportaciones también para su campaña y que no reportó a las autoridades electorales”, indicó Enrique Selvas Carrola, ex empleado del área de Jurídico en Miguel Hidalgo, y ex integrante del equipo de campaña de la panista.

“Otra de las preguntas que queremos que conteste es si no utilizó sus relaciones (políticas) para ganar un juicio civil en su contra que le interpuso uno de sus familiares”.

Aunque la delegación informó, al destituir a los agraviados, que tenía una denuncia en su contra, éstos indicaron que en ningún momento han sido citados a declarar en Ministerio Público o autoridad alguna.

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