“Estamos lejos de haber entendido el hecho de que el trabajo es lo que volvió humana a nuestra especie (…), la especie se extinguiría mucho más rápido sin trabajo que sin copulación”, sentencia con precisión el historiador John Womack Jr., relevante en nuestras ciencias sociales por su clásico libro sobre Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, en su reciente obra Posición estratégica y fuerza obrera. Historia de los movimientos obreros (Fondo de Cultura Económica).

Y en efecto, el trabajo sigue siendo la actividad primordial de la que depende el acceso del grueso de la humanidad a la satisfacción de las necesidades básicas. Es también el caso en nuestro país: cómo se trabaja, en dónde, cuánto tiempo, en qué entorno, es lo que al final condiciona la calidad de vida de los individuos y sus familias.

Sin trabajo no hay sustento, no hay supervivencia, no hay futuro.

Por ello no deja de causar sorpresa la poca atención real que en los últimos lustros le hemos concedido como sociedad al tema del trabajo y a la erosión de la calidad del empleo en el país.
Desde la conducción económica, la prioridad se mantuvo en los equilibrios macroeconómicos nominales (inflación, tipo de cambio, tasas de interés, finanzas públicas), pero no en el empleo y en las remuneraciones de la población; en el discurso político, se habla de empleo sólo en época de campañas electorales, e incluso la izquierda partidista se desconectó de la agenda laboral; el sindicalismo se hace cada vez más marginal; y basta ver la producción en el campo académico para reconocer que el tema del empleo recibe desde hace tiempo escasa atención.

Quizá uno de los saldos negativos de nuestra transición política radique en esta pérdida de norte, en haber colocado en un plano distante al empleo en las prioridades de gobiernos, de actores políticos y sociales, en la reflexión de los intelectuales. Discutimos mucho el reparto del poder político y el acceso al mismo, pero hemos descuidado lo básico, la preocupación por el trabajo como la actividad en la que se juega el bienestar diario de la población.

En medio de esa distracción general, el empleo se ha visto trastocado en estos años de cambio profundo que marcaron nuestra mudanza de siglo. Veamos algunos indicadores básicos. 

En primer lugar, ha crecido la oferta de trabajo, de tal suerte que el número de mexicanos y, sobre todo, de mexicanas que desean aportar su energía y capacidades a la generación de riqueza en el país se amplió a ritmo veloz (la Población Económicamente Activa aumentó en más de 50% del inicio de la década pasada a nuestros días).

De los 77.4 millones de personas de 14 años y más que hay en México, 45.5 millones tienen trabajo o lo buscan: nunca en la historia nacional habíamos tenido tanta gente queriendo trabajar. La tasa de participación (personas que trabajan o desean trabajar sobre el total de la población en edad de trabajar) es de 59%. Hace tres décadas era de 51%.

De esta manera México se asemeja a los países desarrollados en lo que se refiere a la disposición relativa de la población de sumarse al mercado de trabajo.

Lo espectacular del incremento se debe no sólo a la dinámica demográfica (que sin duda ha contribuido porque casi dos terceras partes del incremento poblacional se concentran en personas en edad de trabajar), sino a las decisiones de las mujeres: si al inicio de los años 70 sólo buscaban incorporarse a la ocupación tres de cada 10 mujeres, ya eran 37% al comenzar el siglo y hoy en día lo hace 41%.

La mujer ha abandonado el rol tradicional como trabajadora en su hogar y se incorpora al empleo pero, como veremos, lo hace a uno más precario.

En el tercer trimestre de 2008, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el INEGI, indica que en el país hay 43.6 millones de trabajadores. De ellos, 28.65 millones son subordinados (65%), laboran para un patrón. Y sólo 53% cuenta con un contrato escrito. La inseguridad en el empleo es más acusada para las mujeres: 57% de ellas no tiene contrato escrito.

Algo similar ocurre con el acceso a las instituciones de salud, que la ley garantiza a todos los trabajadores pero que lejos está de la realidad: sólo 55% de quienes prestan sus servicios laborales a un empleador cuenta con algún tipo de seguridad social. La precariedad laboral traducida en carencia de los derechos asociados al trabajo no sólo se limita a los trabajadores subordinados: para octubre de este año, el IMSS tenía registrados a 14 millones y medio de trabajadores cotizantes, apenas una tercera parte del total de ocupados en el país.

Diecisiete millones de trabajadores subordinados ganan hasta tres salarios mínimos. Así, seis de cada 10 ocupados llevan a su casa, al día, hasta 150 pesos. Pero 2 millones 165 mil trabajadores apenas reúnen un salario mínimo (algo más de 50 pesos, lo que implica que si su familia es de tamaño promedio, de 4.5 habitantes, el ingreso per cápita se encuentra por debajo del dólar al día, que se suele usar como referencia internacional para catalogar al individuo en una situación de pobreza extrema).

Una vez más, el panorama es más sombrío para la mujer trabajadora: 65 de cada 100 mujeres no ganan más de tres salarios mínimos. 

Sólo 13% de los trabajadores subordinados gana cinco o más salarios mínimos. Puede afirmarse, así, que apenas uno de cada ocho trabajadores percibe arriba de 20 dólares diarios.

El INEGI estima que el salario promedio por hora en México es de 3.3 dólares. Dada la estructura salarial comentada en el párrafo anterior, ello implica que hay un segmento que gana muy por arriba del salario medio. De esta manera las retribuciones al trabajo se encuentran muy polarizadas, por lo que el mercado de trabajo contribuye a que nuestro país se haga más desigual, en vez de que gracias a la ocupación se forje una nación más equitativa. Con todo, el rezago frente a otras economías es inocultable: en Estados Unidos el salario promedio es de 17.6 dólares la hora y en Francia de 15.6 euros.

La expansión de la oferta de trabajo en México, desde hace años, rebasó las capacidades de generación de empleo. De ahí que tengamos como resultado la caída en los salarios, la disparidad en las remuneraciones, la expansión de la informalidad y del trabajo precario, así como de la emigración. Tal era el panorama aun antes de que estallara la más severa crisis de la economía mundial desde 1929, y no hay un sólo indicador que arroje señales venturosas sobre la situación del trabajo en nuestro país.

Esta fotografía de la realidad laboral mexicana no puede explicarse sin analizar cómo se ha desenvuelto la economía nacional en su conjunto: el rezago en creación de empleo formal se debe a la disminución del ritmo de crecimiento económico y a la contracción de la inversión productiva. Será necesario retomar tasas de expansión de la actividad cercanas a 6% para no acrecentar más el déficit de empleo.

La industria, donde trabaja sólo 25% de los ocupados, perdió su capacidad de generar empleo, en parte porque es el sector con mayor cambio tecnológico y también porque los bienes industriales se empezaron a importar. Sin políticas de fomento a la actividad industrial no será factible remontar la incapacidad para generar trabajo asalariado productivo. En el sector servicios se ubica 60% de los trabajadores, pero se trata con frecuencia de ocupaciones de muy baja productividad —como el comercio al pormenor y el grueso de la informalidad— que no contribuyen a que la economía recupere su capacidad de crecer.

Es necesario alinear las estrategias de crecimiento económico en términos de su capacidad para crear ocupación.  Por décadas se acumuló un descuido generalizado sobre el empleo, que dejó de ser comprendido como la actividad más relevante de cualquier sociedad humana. En el esfuerzo intelectual que es necesario realizar para ver salida a la crisis en curso, habrá que empezar por colocar al empleo en su lugar de importancia: esa que nos recuerda Womack.