La propuesta fue fundamentada en tribuna por los diputados Daniel Ordóñez Henández, del PRD, y Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN, quienes coincidieron en destacar que con esta propuesta se ataca de manera frontal al aparato financiero del crimen organizado.

Entre los puntos más destacados de dicha ley sobresale el hecho de que la autoridad judicial estará en condiciones de incautar bienes inmuebles usados para cometer delitos, como secuestro, narcotráfico, extorsión y otros inculpados a la delincuencia organizada.

El dictamen plantea que los bienes de los que se declare extinción de dominio se aplicarán en favor del gobierno local, que los destinará de forma general 50% al Fondo de Apoyo a la Procuraduría de Justicia capitalina y el otro 50 por ciento para el bienestar social.

Lo anterior llevó a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el Parido Revolucionario Institucional (PRI) a reservarse el Artículo Cuarto y proponer una adición a dicho artículo, en la parte referente al destino de los bienes incautados para el bienestar social.

En este punto, la diputada Carmen Segura Rangel propuso que se agregara el término de que dichos bienes para bienestar social sean en materia de seguridad pública.

Los legisladores acordaron que los recursos obtenidos por el gobierno mediante esta vía se dividan de modo que, los bienes fungibles, dinero, joyas, carros y armas, entre otros, se apliquen al Fondo de Apoyo de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y Seguridad Pública, y los bienes inmuebles, al bienestar social.

Asimismo, se agregó un párrafo referente a que el destino de los recursos será el señalado anteriormente, previo acuerdo con el jefe de Gobierno, y que se publique en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal.

El dictamen aprobado señala que será un juez quien, al dictar sentencia, determine si es procedente la extinción de dominio de los bienes cuando se haya acreditado la existencia del hecho ilegal.

Lo anterior, en virtud de que el Agente del Ministerio Público ejerciera acción y el afectado no pruebe la procedencia legal de dichos bienes, de lo contrario se ordenará su devolución.

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