Seis agentes de la Policía Ministerial que fueron requeridos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que se indague si tienen nexos con el crimen organizado, renunciaron al cargo para no acudir al llamado, reveló el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán (PAN).

El pasado día 10, otros 22 elementos fueron arraigados por la misma causa en la ciudad de México, mientras 10 más se encuentran prófugos desde esa fecha.

Unos días antes los arraigados fueron citados a las instalaciones de la II Zona Militar, bajo el argumento de que serían sometidos a cursos de capacitación y exámenes de confianza.

El gobernador advirtió que vigilar y depurar las corporaciones policíacas de la entidad son tareas prioritarias, y sostuvo que "en Baja California también traemos la escoba también haciendo operación limpieza (que aplica el gobierno en nuestra corporación federal)".

Sobre el operativo de combate al crimen organizado que se instrumenta en Baja California, el gobernador informó que las Fuerzas Federales y el Ejército seguirán reemplazando a policías municipales en tareas de prevención y patrullaje.

Dijo que esta estrategia ya se aplica en Tijuana y se ampliará a los municipios de Playas de Rosarito y Tecate, donde la presencia del crimen organizado es preocupante. Además, se busca evitar el llamado "efecto cucaracha" que consiste en el traslado de delincuentes a otras zonas.

Esta estrategia se mantendrá hasta detener a los responsables de la ola violenta que afecta la entidad, se comprometió el mandatario estatal.

Desde el pasado día 18, medio millar de policías municipales fueron relevados de las tareas de prevención del delito por elementos militares y de las Fuerzas Federales, para tomar cursos de capacitación y adiestramiento, además de que se les aplicarán exámenes de confianza.

nga