José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunció una "política represora" por parte de México contra migrantes indocumentados de Sur y Centroamérica.

Por ello, exhortó al Senado a derogar el artículo 67 de la Ley General de Población, para que los inmigrantes sin papeles puedan ser considerados víctimas de delito y tengan la protección del Estado mexicano.

Soberanes elogió la reforma a dicha ley que entró en vigor el 22 de julio, mediante la cual se despenaliza la migración, pero consideró necesario el ajuste en beneficio de las personas sin papeles.

"Es importante que en ese afán de evolución legislativa se permita el acceso a la justicia a todos aquellos migrantes carentes de documentación que acrediten su legal estancia en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas como las ya expuestas, y se privilegie su estatus de víctimas de delito, independientemente de su situación migratoria", expuso el presidente de la CNDH.

De acuerdo con Soberanes, la actual Ley General de Población y su reglamento "son insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del fenómeno migratorio, ya que se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa".

Esta política, añadió Soberanes, es incongruente y contraria a los acuerdos internacionales, de los cuales forma parte México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la condición de los extranjeros y la Convención Internacional Sobre la Protección de los derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

El presidente de la CNDH aprovechó para recordar que los gobiernos federal y estatales han ignorado la recomendación 65/2007.

Soberanes aseguró que continúa sin encontrar una respuesta concreta y clara por parte del Ejecutivo federal, los Ejecutivos locales y del Poder Legislativo de México, para que cese este clima de inseguridad y de violación de los derechos humanos de los migrantes indocumentados".

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