El pasado 24 de octubre, el Ejecutivo envió por medio de la subsecretaría de Enlace de Gobernación, su propuesta de iniciativa al artículo 73 de la Constitución; misma que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara baja el pasado 28 de octubre, pero que no pudo leerse por las dificultades en torno a la reforma energética.

La propuesta del Ejecutivo propone reformar el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución:

"Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, o cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la libertad de expresión y, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan al ámbito de los estados o del Distrito Federal, en los términos que establezcan la Ley".

Desde hace una década, se han quedado en la lista de pendientes cientos de muertes, desapariciones y agresiones a periodistas en todo el país, las cuales no han sido investigadas por la federación, por ser un delito del fuero común.

Diversas asociaciones internacionales han establecido que México es el segundo país en el mundo más inseguro para el ejercicio de los periodistas.

El presidente de la República recuerda -en la exposición de motivos de la iniciativa- que México ha celebrado diversos tratados y convenciones internacionales en los que se establece la obligación de tipificar como delitos ciertas conductas que atenten contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.

"Con la iniciativa se busca generar un mecanismo de excepción, por el cuales se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, los derechos humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos", señaló.

El Ejecutivo Federal reconoce su convencimiento de hacer los esfuerzos y trabajo necesario para impulsar una propuesta legislativa que tipifique y sancione diversas conductas delictivas, principalmente las que atentan contra la libertad de expresión.

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